Un pronunciamiento del Gobierno de texas, que lidera la coalición contra Biden, afirma que la nueva política migratoria no cumple con la ley. El poder de Trump en los tribunales federales anuncia problemas para la Casa Blanca.
Redacción MX Político.- Ken Paxton es el nombre del abogado que reprsenta los intereses de los 20 estados coaligados en lo jurídico contra el plan de inmigración del presidente Joe Biden.
Los estados opositores sostienen que el plan de Joe Biden en materia migratoria es ilegal.
Paxton es uno de los abogados preferidos de Donald Trump. Pero también es el Procurador General de Texas, que acaba de ser reelecto para su tercer mandato consecutivo.
Paxton, como buen republicano texano, es congruente con su malestar contra el plan de Biden y presentó en días recientes una demanda en la que considera ilegal el plan con el que el gobierno federal pretende ordenar la crisis en la frontera desde que asumió, hace ya dos años.
Acostumbrado a jugar fuerte y con el respaldo del gobernador Greg Abbott, el procurador Paxton afirma que el nuevo programa de inmigración que Biden anunció hace algunas semanas permitiría que 360.000 personas al año de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela ingresen al país burlando las leyes. Las diferencias del gobernador Abbott con Biden no solo son públicas: además fueron expresadas en forma personal durante la reciente visita del presidente a la localidad fronteriza de El Paso.
En un mano a mano cargado de tensión, Abbott culpó a Biden por ir dos años tarde a ver el «caos» que seguirá en la frontera
Según informó Texas Tribune, Paxton lidera una coalición de otros 20 estados que lo acompaña en la presentación que hizo en un tribunal de distrito federal en Victoria.
El programa establecido por el Departamento falla en cada uno de los tres factores limitantes de la ley. No es caso por caso, no es por razones humanitarias urgentes y no promueve ningún beneficio público significativo.
Texas ya ha logrado frenar en forma parcial varios intentos de la administración Biden por establecer políticas migratorias. El último antecedente es reciente: el Estado se unió a una demanda encabezada por Arizona que obligó a la Casa Blanca a continuar con el Título 42 para expulsar a los migrantes a México sin permitirles solicitar asilo.
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