70 % de las personas presas en Oaxaca con interés en ejercer su derecho al voto
Redacción Oaxaca Político / El Universal.- El 79.7% de las personas privadas de su libertad en centros penitenciarios del estado de Oaxacaexpresaron su interés y su deseo de votar en los procesos electorales locales y federales para la elección de sus autoridades, según una encuesta realizada por Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal).
La asociación civil recabó 79 encuestas en este estudio: 22 en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de San Juan Bautista Tuxtepec, 56 en el Cereso de Cuicatlán y una en el Cereso de Miahuatlán de Porfirio Díaz.
Entre los resultados encontró, por ejemplo, que en las elecciones de 2022 por la gubernatura del estado de Oaxaca 2 mil 395 personas privadas de su libertad pudieron haber votado, pero el proyecto piloto del Instituto Nacional Electoral no pudo llevarse a cabo.
En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el voto como un derecho humano y como una prerrogativa fundamental para garantizar la democracia en las decisiones de orden público e interés social.
También establece en el artículo 38 constitucional, diferentes causas por las que se suspende este derecho, entre las que se encuentra la suspensión del voto para las personas en conflicto con la ley penal que hayan sido condenadas por sentencia firme; razón por la cual son excluidas de ejercitar este derecho político electoral.
Sin embargo, no así para las personas privadas de libertad en cárceles que aún no tienen una sentencia firme en su contra.
Por ello, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaciónconsideró en la resolución de los expedientes SUP-JDC-352/2018 y SUP-JDC-353/2018 que la población recluida que no haya sido sentenciada tiene derecho a votar, con base en el principio de la presunción de inocencia.
AsiLegal encontró que 51.89% de las personas privadas de su libertad encuestadas en cárceles de Oaxaca, son personas procesadas o en prisión preventiva, un 37.97% ya tienen emitida una sentencia, mientras que 10.12% no saben qué situación jurídica guardan actualmente. Es decir, al menos 51.89% tenía derecho a votar en las pasadas elecciones.
La encuesta reveló que 79.7% de las personas privadas de su libertad que manifestaron su interés en votar, expresaron que es porque es un derecho humano, porque también son ciudadanos mexicanos, porque la opinión de las personas privadas de libertad también cuenta, porque se preocupa por su comunidad, o porque es esencial para tener un mejor país.
En contraste, un 17.7% de las personas participantes indicaron que no tienen interés alguno en votar, sea porque consideran que el sufragio no sirve de nada porque todo sigue igual o incluso peor, o porque el centro de privación de la libertad en el que se encuentran no corresponde al distrito electoral en el que pueden participar.
Al ser cuestionadas sobre la viabilidad en la participación de las personas privadas de libertad en los ejercicios electorales, 92.2% de las personas encuestadas consideran que debería permitirse el acceso al voto de quienes están en reclusión.
Dentro de las razones principales, las encuestadas refirieron que debían permitirles votar porque es su derecho, porque son personas, porque también tienen necesidades, porque pueden expresar sus inconformidades, para tener mejores gobernantes, y para ser tomados en cuenta.
Por el contrario, 7.8% de los encuestados señalaron que las personas privadas de libertad no debían votar, entre otras razones, porque no les sirve de nada, ni contribuye a recuperar su libertad.
Mientras que 54.4% del total de personas entrevistadas indicaron que no conocen a sus representantes municipales, locales y federales, entre otras razones, porque no se les proporciona información, porque no les toman importancia a las personas en reclusión, porque están incomunicados, porque no los visitan o porque no son mexicanos.
Por otro lado, 44.3% indicó conocerlos porque lo vio en las noticias, porque solicitó información o porque son de su comunidad.
Y 82.3% indicó que sus representantes municipales, estatales o locales no se han acercado a ellos para escuchar sus propuestas, mientras que un 16.5% dice que sí lo han hecho.
GPP