Abren investigación contra Javier Corral por enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal

La Secretaría de la Función Pública (SFP) estatal ha iniciado una investigación en contra del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, por presunto enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal. Este caso ha captado la atención pública, no solo por las graves acusaciones, sino también por la implicación de importantes figuras políticas en el proceso.

De acuerdo con los reportes, dos denuncias fueron presentadas en 2022 ante la Secretaría de la Función Pública del estado y la Fiscalía estatal. Ambas denuncias están relacionadas con irregularidades en las declaraciones patrimoniales de Corral, específicamente la omisión de un inmueble en sus registros oficiales.

La primera denuncia fue presentada en febrero de 2022 por un diputado local, quien solicitó una investigación y más información sobre la compra de un terreno por parte del exgobernador. Esta acción reflejó la creciente preocupación por la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública.

Posteriormente, en mayo del mismo año, un presidente municipal presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de Chihuahua, alegando conductas de probable defraudación fiscal y falseamiento en declaraciones con el objetivo de defraudar al fisco. Estas acusaciones no solo apuntan a la posible ocultación de propiedades, sino también a una violación directa de las leyes fiscales del país.

La SFP detalló en un comunicado que las conductas investigadas están directamente relacionadas con las declaraciones patrimoniales de modificación y de conclusión de Corral durante su mandato como Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua. Específicamente, se le acusa de no haber declarado un inmueble sobre el cual se conduce como dueño, una omisión que es considerada una falta administrativa grave según la ley.

«Las conductas advertidas se relacionan con sus declaraciones patrimoniales de modificación y de conclusión en su encargo como Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua; es decir, no declaró un inmueble respecto del cual se conduce como dueño, lo que se considera una falta administrativa grave», expuso la dependencia estatal en su comunicado.

Con la conclusión de la investigación, el expediente ha sido turnado al área competente para iniciar el procedimiento de responsabilidades administrativas. Este es un paso crítico en el proceso, ya que de encontrarse culpable, Corral podría enfrentar serias consecuencias legales y administrativas.

Se espera que el expediente del caso sea llevado ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa para su resolución final, dado que se trata de una falta grave. Este tribunal será el encargado de evaluar las pruebas presentadas y determinar si las acusaciones contra Javier Corral tienen fundamento suficiente para una condena.

El caso de Javier Corral ha generado un debate intenso en la esfera política y entre la ciudadanía, reflejando la importancia de la transparencia y la lucha contra la corrupción en México. La resolución de este caso no solo afectará la carrera política de Corral, sino que también podría sentar un precedente significativo en la aplicación de la ley para otros funcionarios públicos.

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