Cartel del Despojo también opera en San Pedro Pochutla

Redacción Oaxaca Político / El Imparcial de Oaxaca.- Ante las negociaciones realizadas por integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de San Pedro Pochutla y presuntas relaciones con grupos delictivos, pobladores de la Costa con predios frente a la Costa oaxaqueña han mostrado su molestia contra el presidente del órgano comunal, Miguel Gutiérrez Velásquez, por los intentos de despojar de las propiedades para enajenarlas a empresarios con proyectos de inversiones en la región.

En San Pedro Pochutla existen más de 40 casos que son investigados y que fueron realizados bajo esquemas similares a los empleados por “el cártel del despojo” cuya estrategia ha sido denunciada incluso en la conferencia Mañanera del gobierno federal y ha extendido sus tentáculos a esta región de la costa en San Pedro Pochutla. Pobladores de una u otra forma han sido despojados de predios por parte del presidente de los Bienes Comunales.

Durante un recorrido por la zona, confiaron a EL IMPARCIAL que Miguel Gutiérrez Velásquez es integrante activo del cártel del despojo y al entregar documentos de posesión avaladas con firmas del colegiado comunal a personas o empresarios que supuestamente proyectan invertir en la Costa oaxaqueña.

Sin importar que los dueños de las tierras, comuneros, hijos de comuneros y avecindados posean su documento de posesión comunal, estos temen perder su patrimonio a causa de las negociaciones que Miguel Gutiérrez Velásquez realiza. Los denunciantes indican nexos de este personaje con un grupo criminal que opera en la Costa.

Relataron el tipo de negociaciones que Miguel Gutiérrez realiza: solo por la entrega de documentación comunal que avala la posesión de la tierra cobra el 10 por ciento del valor que supuestamente entra a las arcas comunales y que no son auditadas; además de gestionar una suma millonaria como el representante del órgano comunal.

Uno de los casos ocurridos en Zipolite, con la compra-venta de terreno de más de una hectárea con un valor para el comprador de 12 millones de pesos; el comprador, de origen canadiense tuvo que hacer dos pagos más, 150 mil pesos para la representación interna comunal de la comunidad y el 10 por ciento del valor del predio para bienes comunales quien acredita con el documento de posesión que asciende al millón 200 mil pesos; además de los gastos que el intermediario pueda llevarse, tanto del comprador, como del vendedor.

Resaltando que no se extiende comprobante alguno de los pagos extras al precio del predio, aunque en total ya asciende a los 15 millones de pesos.

Existen otros casos en que predios exuberantes con costo por terreno ascienden a los 30 millones de pesos o más; sobre todo cuando los compradores son extranjeros y utilizan a representantes jurídicos para hacer las transacciones y celebrarse la compra-venta; ofrecen, además del 10 por ciento del costo del predio a los Bienes Comunales, por fuera, al presidente del órgano comunal, sobre todo en casos de terrenos que se encuentran en zona de reserva ecológica.

Los predios ubicados frente al litoral costero y de playas como Zipolite, Puerto Ángel, Salchi, Zapotengo, Cuatunalco, Tahueca, entre otros, son los más preciados por extranjeros y supuestos empresarios que ofrecen millonarias cantidades por la adquisición de solares que van de 20 metros cuadrados hasta más de una hectárea y los cuales preferentemente tienen escenarios frente al mar.

Para realizar las “jugosas” negociaciones, Miguel Gutiérrez Velásquez cuenta con intermediarios que en ocasiones fungen como “prestanombres” y que, después de algún tiempo, revenden.

Como representantes del órgano comunal y supuestos dueños de las tierras los ligados a Gutiérrez Velásquez han llegado a negociar hasta predios que la comuna ha dejado como zona de reserva, lugares por las que se piden sumas millonarias y no son reportadas ante la Asamblea de Comuneros.

Los comuneros denunciantes han indicado que Miguel Gutiérrez mantiene negociaciones por predios en Zipolite, Puerto Ángel y Zapotengo, lugares en donde se encuentran representantes internos comunales, quienes son las autoridades inmediatas de cada anexo comunal y están pendientes de los predios de sus comunidades; sin embargo, el presidente de los Bienes Comunales, Miguel Gutiérrez no los ha tomado en cuenta para la inspección de terrenos y la entrega de la documentación comunal.

En Puerto Ángel, Bienes Comunales negocia un predio con un extranjero, en la que una persona de profesión abogado es el intermediario y “presta nombres”, que estaría despojando del predio a un avecindado de esa población que cuenta con su documentación comunal y ha pagado sus prediales desde hace varios años directamente en los Bienes Comunales.

En Zapotengo está asociado con un abogado de Pochutla conocido como “El Teco”; así como la exsecretaria de Turismo, Beatriz Rodríguez Casasnovas “La Titis”, y un empresario turístico de Huatulco, Miguel Gutiérrez Velásquez, todos ello confabulados para despojar a la comunidad de una reserva ecológica que han cuidado desde hace muchos años.

El propio abogado “El Teco”, que además lleva asuntos jurídicos de “La Titis”, ha sido “prestanombres” de una ciudadana de origen francés que radica en Zapotengo; hay una negociación millonaria en juego para despojar a su dueña de un predio y otros que supuestamente son propiedad de su patrona, Beatriz Rodríguez Casasnovas.

En el destino turístico de Zipolite, el grupo Miguel Gutiérrez Velásquez ha permitido la compra-venta de propiedades a extranjeros; un empresario y restaurantero argentino que radica en el lugar se ha apropiado de varios predios en el lugar y ha construido negocios.

La venta de predios en estos lugares turísticos son millonarios en la que ganan los intermediarios y los representaste del órgano comunal de San Pedro Pochutla que encabeza Miguel Gutiérrez Velásquez.

En la actualidad, existen nuevas inmobiliarias en San Pedro Pochutla, quienes se encargan de lotificar terrenos a orilla de carreteras; cerca de las playas y a ofrecer fraccionamientos, supuestamente con todos los servicios, aunque en su totalidad no cuentan con proyecto de desarrollo que integren servicios de agua, luz y drenaje.

GPP