Civiles Armados Despojan a Funcionarias de Derechos Humanos de Sinaloa en la Autopista Culiacán-Mazatlán
Patricia Figueroa, subsecretaria de Derechos Humanos en Sinaloa, y Karina Márquez Calderón, comisionada estatal de búsqueda de personas desaparecidas, fueron víctimas de un robo violento en la carretera Culiacán-Mazatlán. El incidente ocurrió alrededor de las 10:00 horas del 29 de octubre, cuando un grupo de civiles armados interceptó la camioneta RAM en la que viajaban.
El despojo se llevó a cabo cerca de la caseta de cobro de Costa Rica, al sur de Culiacán, mientras las funcionarias se dirigían a atender asuntos laborales. El Gobierno de Sinaloa confirmó el hecho a Infobae México, subrayando la creciente inseguridad en la región.
Este no es un caso aislado. En lo que va de octubre, otros funcionarios también han sufrido robos similares en la misma autopista. La alcaldesa electa de Mazatlán, Estrella Palacios, y el presidente municipal de San Ignacio, Octavio Bastidas Manjarrez, fueron despojados de sus vehículos el 7 de octubre. Ambos incidentes ocurrieron cuando se trasladaban a una reunión en el Palacio de Gobierno en Culiacán.
La alcaldesa Palacios fue interceptada por un comando armado que la obligó a detenerse. Tras amenazarla, los delincuentes despojaron a su equipo y a ella de su Chevrolet Tahoe blanco. Afortunadamente, el vehículo fue recuperado horas después gracias a un operativo de búsqueda en la zona.
En el caso de Bastidas Manjarrez, fue despojado de su camioneta poco después de lo ocurrido con Palacios, mientras viajaba en la misma autopista rumbo a la misma reunión.
Estos incidentes reflejan el aumento de la violencia en Sinaloa, donde desde septiembre ha habido un repunte de ataques. La violencia se ha intensificado en medio de una lucha interna dentro del Cártel de Sinaloa entre las facciones de Los Chapitos y La Mayiza, tras la captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada en julio. Esta disputa ha generado un aumento en el número de fallecidos a diario en el estado.
El clima de inseguridad en Sinaloa plantea serios retos para las autoridades y sus esfuerzos por garantizar la seguridad de funcionarios y ciudadanos por igual.
