Comunidades de Zimapán exigen indemnizaciones a mineras tras bloqueos
Vecinos de las localidades del ejido San Pedro, en el municipio de Zimapán, Hidalgo, han tomado medidas drásticas para exigir compensaciones por los daños causados por las empresas mineras en sus terrenos.
Después de mantener bloqueados los accesos a tres minas durante más de 12 horas, los pobladores han dado un ultimátum de tres días a las compañías Carrizal Mining y Sánchez González (Sago) para que acepten pagar indemnizaciones por las afectaciones a sus parcelas.
os ejidatarios argumentan que las empresas han invadido sus tierras sin los permisos correspondientes al ampliar los carriles del camino vecinal que utilizan para transportar carga.
En caso de no llegar a un acuerdo antes del sábado, los residentes de las comunidades de Llanitos, Garabatos y San Pedro, junto con operadores de camiones de carga afiliados al sindicato del cemento, planean volver a bloquear las minas indefinidamente.
El bloqueo comenzó el miércoles y se levantó tras una reunión entre representantes de las comunidades y autoridades locales. José Oliver Labra Espino, secretario general del sindicato del cemento en Zimapán, afirmó: «En caso de que no haya una solución, nos reservamos el derecho a bloquear las minas de manera permanente». Los pobladores exigen que se reconozcan los daños que han sufrido durante más de 20 años debido a las actividades mineras.
En medio de esta situación, los empleados de las minas también se manifestaron en la Presidencia Municipal contra el sindicato del cemento. Argumentan que su presencia en la región busca presionar a los empresarios para obtener contratos de acarreo.
Esta es la segunda vez en menos de una semana que se producen manifestaciones en Zimapán relacionadas con el conflicto entre los sindicatos y las empresas mineras.
José Oliver Labra ha denunciado una campaña de difamación en redes sociales por parte de representantes mineros y camioneros aliados.
«Nos acusan falsamente de tener armas y grupos de choque», aseguró. Según él, estas acusaciones buscan desprestigiar al sindicato del cemento y desinformar a la comunidad sobre sus intenciones.
