Un relato publicado por los los periodistas Mary Beth Sheridan, Lorena Ríos y Fred Ramos, para el Washington Post revela que al menos el 15% de las tortillerías en México son víctimas frecuentes de extorsión.
«Estamos prácticamente en un punto en el que son los criminales quienes establecen el precio de las tortillas», señala el artículo. Los establecimientos que se niegan a pagar la cuota exigida por los delincuentes suelen ser baleados o incendiados.
Según la información del artículo, dos personas resultaron heridas en un ataque a una tortillería en Cuautla, Morelos, el 20 de enero de 2024. Así mismo, el 13 de octubre de 2023, un trabajador de una tortillería en Cancún, Quintana Roo, fue lesionado en una agresión armada; y otro incidente ocurrió el 10 de noviembre de 2022, cuando una tortillería en Zihuatanejo, Guerrero, fue atacada con una bomba molotov.
Estos hechos demuestran cómo los grupos criminales se han expandido más allá del mercado de drogas en Estados Unidos, buscando «controlar territorios que puedan explotar financieramente». Además, han extendido sus operaciones a la producción agrícola y la industria maderera.
La investigación de The Washington Post destaca que el crimen organizado controla cada paso del proceso productivo de la tortilla, llegando incluso al proceso de distribución a negocios como taquerías. Se han registrado casos de repartidores, conocidos como «moto tortilleros», que también están involucrados en el narcomenudeo.
