Redacción, Noticias MXPolítico.-Ana Lorena Delgadillo Pérez, fundadora de la Fundación para la Justicia, y Mercedes Doretti, directora para Centro y Norteamérica del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), entre otras defensoras de derechos humanos, han denunciado que desde 2016 han sido objeto de persecución judicial por parte de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) debido a sus investigaciones sobre la masacre de San Fernando, Tamaulipas.
Durante la presentación del informe «Perseguidas: criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en México» de Amnistía Internacional México, Doretti expresó su preocupación por el posible uso indebido del sistema de justicia y el espionaje en su contra, ya que las acusaciones presentadas podrían llevar a su detención preventiva.
Las acusaciones surgieron mientras Delgadillo Pérez y Doretti desempeñaban labores como peritas en la investigación sobre el hallazgo de más de 200 cuerpos de migrantes en fosas clandestinas en San Fernando entre 2010 y 2011.
A pesar de las expectativas de que la nueva administración cerrara las investigaciones y sancionara a los responsables, las defensoras señalaron que la carpeta de investigación sigue abierta y no han recibido explicaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).
Delgadillo Pérez reveló que fue hasta 2021 cuando descubrieron que estaban siendo objeto de espionaje e investigación, lo cual consideró como una acción injusta y desproporcionada.
Por su parte, Belem Barrera, investigadora de Amnistía Internacional México, destacó que las defensoras y la periodista Marcela Turati no han tenido la oportunidad de defenderse adecuadamente de las acusaciones en su contra, lo que evidencia un uso indebido del sistema judicial y un efecto amedrentador hacia otras personas defensoras de derechos humanos.
Estas denuncias resaltan la importancia de garantizar la protección de quienes defienden los derechos humanos y exigen justicia para las víctimas de violaciones graves en México.
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