Denuncian tortura a ciudadana por parte de la policía ministerial de Puebla
Verónica Inés Barbosa Pérez, una ciudadana de Puebla, ha denunciado haber sido víctima de tortura a manos de agentes de la policía ministerial tras ser detenida por intentar devolver un teléfono iPhone que encontró en unas canchas deportivas. Según su relato, al regresar el dispositivo a su dueño, fue arrestada el pasado sábado bajo la acusación de secuestro.
Barbosa Pérez fue liberada dos días después gracias a un amparo que expuso violaciones a sus derechos humanos, y que se amplió bajo el protocolo de Estambul, el cual exige a los gobiernos investigar y sancionar casos de tortura y malos tratos.
En su declaración, Verónica explicó que fue detenida en su lugar de trabajo en Tehuacán, durante un fuerte operativo policial. Sin embargo, en lugar de llevarla directamente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGEP), los agentes la trasladaron a una zona despoblada, donde sufrió torturas físicas y psicológicas.
«En la patrulla, uno de los policías se puso guantes y me torturó junto con una oficial, bajo las órdenes de un comandante», relató. La víctima describió cómo la golpearon con las manos abiertas para no dejar marcas, le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza y la golpearon en el abdomen hasta dejarla sin aire, mientras la presionaban para que hablara sobre un supuesto secuestro del cual no tenía conocimiento.
Además del maltrato físico, Barbosa mencionó que recibió amenazas de que podría pasar el resto de su vida en prisión si no cooperaba. A pesar de las graves violaciones a sus derechos, la policía la presentó a la FGEP cuatro horas después de su detención, sin notificarle las razones de su arresto ni permitirle comunicarse con su familia o contar con un abogado de oficio.
El médico legista que la revisó esa noche ignoró las evidencias de violencia y la fiebre que sufrió a raíz de los golpes. Después de siete horas, su familia logró localizarla y le proporcionó asistencia legal, y una representante de la Comisión de Derechos Humanos estatal corroboró las huellas de tortura, contradiciendo el informe del perito oficial.
