En su informe anual sobre tráfico de personas, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha señalado a México por no cumplir con los estándares mínimos internacionales para la eliminación de este delito.
Clasificado en el nivel dos, el país latinoamericano enfrenta serias críticas sobre la eficacia de sus esfuerzos para combatir la trata de personas.
El informe subraya la corrupción y la complicidad de las autoridades como los principales problemas que impiden un combate efectivo contra la trata de personas en México.
“La corrupción y la complicidad en delitos de trata continuaron inhibiendo los esfuerzos de aplicación de la ley y socavando la confianza del público en denunciar casos sospechosos”, apuntó el Departamento de Estado.
Otro punto crítico del informe es la falta de atención a las estafas laborales que utilizan los traficantes para engañar a las víctimas. “Las prácticas fraudulentas de contratación para trabajar en México y en el extranjero continuaron siendo generalizadas, pero el gobierno no tomó medidas para responsabilizar a los reclutadores o agentes laborales”, se expuso. La ausencia de medidas concretas para perseguir a los reclutadores fraudulentos deja a muchas personas vulnerables a ser explotadas.
El Departamento de Estado también criticó la insuficiencia de los servicios ofrecidos a las víctimas, indicando que «en general, los servicios para las víctimas fueron inadecuados en comparación con la magnitud del problema».
Esto es especialmente preocupante para las víctimas masculinas, las víctimas de trabajos forzados y aquellas provenientes de zonas rurales, quienes reciben aún menos apoyo. Además, las estrictas medidas de seguridad y las restricciones de movimiento en los refugios gubernamentales pueden haber traumatizado aún más a las personas que buscan ayuda.
El informe destaca que el gobierno mexicano no ha procesado ni condenado a ningún funcionario por complicidad en delitos de trata. Esta falta de acción judicial contra los responsables internos refleja una debilidad en el sistema de justicia que perpetúa la impunidad y desalienta a las víctimas a denunciar.
Asimismo, el número de investigaciones iniciadas por las autoridades mexicanas ha disminuido significativamente en comparación con años anteriores. Esto pone en evidencia una reducción en los esfuerzos para abordar el problema a través de la aplicación de la ley, lo que podría estar contribuyendo al aumento de casos no reportados y no investigados.
El informe también señaló que los fondos adicionales designados a la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase) no se han utilizado de manera efectiva para cumplir su función ampliada. La falta de recursos adecuados y la gestión ineficiente de los mismos agravan aún más la situación, dejando a muchas víctimas sin el apoyo necesario.
A pesar de las numerosas críticas, el Departamento de Estado reconoció que México ha realizado esfuerzos significativos para contrarrestar el tráfico de personas, destacando el aumento en la persecución y condena de traficantes en comparación con años anteriores. Sin embargo, estos esfuerzos aún son insuficientes para alcanzar los estándares internacionales y proteger adecuadamente a las víctimas.
