En opinión de Lilia Arellano
[El Castillo] Prisión preventiva oficiosa sin escape
A pasos acelerados, los legisladores de Morena y aliados avanzan en la configuración legislativa del segundo piso de la denominada Cuarta Transformación (4T), orientada a una autocracia con supremacía constitucional. En la Cámara de Diputados, se aprobó la reforma que agrega extorsión, tráfico de fentanilo y contrabando de facturas falsas al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, aunque se dejó fuera de esa lista el narcomenudeo y la defraudación fiscal. Se trata, sin ninguna duda, de un abuso de la figura de prisión preventiva oficiosa, al grado que dejó de ser una medida excepcional, para convertirse en prácticamente una regla general. Fue eliminado así el principio de presunción de inocencia, por el de culpable hasta demostrar lo contrario.
A petición de la Fiscalía General de la República (FGR) se agregó sancionar con esa medida el tráfico de precursores y sustancias químicas esenciales para producir drogas sintéticas, incluido el fentanilo. La reforma al artículo 19 de la Constitución generó un amplio y ríspido debate entre las fuerzas políticas en la Cámara que, tras aprobar los cambios con 335 votos a favor y 108 en contra, envío la minuta al Senado para su aprobación. Hoy están en ese listado los casos de abuso y violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, en materia de armas de fuego y huachicoleo, entre otros. Se añadieron extorsión, narcomenudeo, delitos previstos en las leyes aplicables para la ilegal producción, preparación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de drogas sintéticas, como el fentanilo y sus derivados; y el contrabando.
Se incorporaron nuevos delitos a los que se aplicará la prisión automática mientras se espera el juicio. Entre estos delitos se encuentran la extorsión, el contrabando, operaciones con comprobantes fiscales falsos, incluyendo la expedición, compra, enajenación o adquisición de facturas que respalden operaciones inexistentes o simuladas, y otros relacionados con la producción, transporte y distribución de fentanilo y drogas sintéticas. Los legisladores de Morena señalaron que la expansión de la prisión preventiva oficiosa responde a la necesidad de reducir la impunidad en delitos considerados graves y proteger a las víctimas, quienes actualmente quedan vulnerables al poder obtener los acusados su libertad tras la audiencia inicial.
Además de especificar los delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, se establece que los jueces deberán aplicar la prisión preventiva de forma automática para los delitos incluidos en el catálogo del artículo 19 constitucional, sin posibilidad de evaluar otras medidas cautelares caso por caso. Esto implica que las personas acusadas de estos delitos serán encarceladas de inmediato mientras esperan juicio, eliminando la discrecionalidad judicial para optar por otras opciones. La reforma busca que los órganos del Estado apliquen la prisión preventiva sin interpretaciones extensivas, es decir, queda prohibida cualquier interpretación análoga o ampliada que pudiera suspender o modificar los términos de la prisión preventiva en los casos previstos por la ley, para evitar que los acusados evadan la justicia.
La oposición alertó que la medida, en tanto se investiga, ha llevado a que personas permanezcan en prisión durante años sin juicio. El PRI llevo a la tribuna dos coronas funerarias con los mensajes: “Murió la presunción de inocencia” y “Murieron derechos humanos”. El PAN desplegó una manta en la que se leí: “Ley Morena. Vas a la cárcel hasta demostrar tu inocencia”. Sin pruebas suficientes, cualquier persona que se presuma cometió uno de los 20 tipos penales del artículo 19 será privada de su libertad hasta dos años, destacó el priísta César Domínguez. Legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano acusaron que la reforma representa un retroceso en materia de derechos humanos y que socavará el principio de presunción de inocencia.
Para la diputada Margarita Zavala (PAN), la reforma legaliza una “pena anticipada” que afectará principalmente a personas de escasos recursos, quienes muchas veces no tienen acceso a una defensa adecuada. Alertó sobre los posibles abusos de esta medida al señalar que “se está legalizando la represión para perseguir a periodistas y chantajear a empresarios”. El panista José Guillermo Anaya Llamas señaló que esta modificación permitirá encarcelar a personas antes de contar con pruebas definitivas de culpabilidad, alertando que se trata de “encarcelar primero y luego investigar”. Legisladores del PAN anticiparon que la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría revertir esta reforma, ya que contradice tratados internacionales en los que México es parte.
