Redacción MXPolítico.- Pregona el profeta de la 4T que en México no hay tortura, violación a derechos humanos y que las masacres son un mito inventado en las entrañas del Departamento de Estado del gobierno de Joe Biden a través de sus diversas agencias especialmente el FBI, CIA y la DEA. Empero los números reales del Sistema Nacional de Seguridad y el Inegi, demuestran lo contrario.
El ganso sabe que miente cuando desecha los informes, críticas y advertencias que llegan de Estados Unidos, los trata de manera despectiva en un afán de restarles importancia, pero en los hechos sabe que miente y, por lo tanto, deja que sus segundos actúen, se reúnan con sus contrapartes gringas y se acepten convenios, acciones de colaboración, ahora sí que a fuerzas.
Hasta la mediatizada Comisión Nacional de Derechos Humanos, reconoce las violaciones que se dan en este gobierno incluso de parte del Ejército como lo hizo con el asesinato de siete jóvenes de Nuevo Laredo acribillados con armas de alto poder. Uno más sigue hospitalizado y un séptimo salió ileso. Eso fue una masacre, aunque el ganso de Macuspana lo niegue, como lo fue el asesinato de cinco mujeres en Guanajuato.
Y es que con 150 mil asesinatos en cuatro años, la era del caudillo de Tepetitán se alza como la más sangrienta a lo cual se suman los 700 mil fallecimiento por Covid y otros 200 mil de sobre muertes por efectos de mala atención, ausencia de medicamentos y el abandono de 15 millones más sin acceso a servicios de salud por la cancelación del Seguro Popular transado por el tal Insabi que ni prende ni funciona ya sea por incapacidad del antropólogo a cargo o por la perversidad de quien lo puso ahí para propiciar un mayor número de víctimas mortales.
La incidencia de esas violaciones se nota más cuando se segmenta a las víctimas y resulta que las agresiones, violaciones y privación de la libertad creció entre las mujeres, de las cuáles se tiene registrados 27 mil 200 homicidios en cinco años además del creciente número de desaparecidas sobre todo en lo que va del sexenio en que el total de víctimas supera ya los 40 mil, según un análisis del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.
Otra muestra de que la violación a los derechos humanos se volvió endémica con la 4T, es el sojuzgamiento de comunidades en diversos estados de la República, especialmente México, Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Baja California o Quintana Roo donde los grupos delincuenciales privan de la libertad a pueblos enteros, los roban a sus niños y adolescentes para convertirlos en sicarios y miles huyen dejando a las ciudades y rancherías convertidas en “fantasmas”. Tepalcatepec es un ejemplo claro.
Por eso cuando el exfiscal estadunidense William Barr establece que en este sexenio el tlatoani tabasqueño entregó la soberanía del país al crimen organizado, no se “sale del huacal” ni hace politiquería, sino simplemente habla a partir de hechos, números oficiales que no se pueden contradecir con un desdén como lo se hace desde Palacio Nacional.
Para colmo las investigaciones allende la frontera norte involucran a “instituciones” creadas por la chachalaca macuspanense como el Banco del Bienestar como receptor de remesas que se sospecha no sólo son de nuestros compatriotas que laboran allá, sino que el sistema era utilizado por los delincuentes para lavar dinero procedente de la creciente venta de drogas en aquel país.
Miente en inquilino de Palacio Nacional cuando afirma que en México no se produce fentanilo cuando es aquí donde más decomisos de cargamentos de precursores y “producto terminado” se realizan lo mismo que el desmantelamiento de “laboratorios sofisticados” y a cielo abierto, lo cual habla de la gran porosidad de las aduanas y puertos marítimos y terrestres en manos hoy de militares.
Para colmo, ya no son sólo las agencias estadunidenses las que señalan a México como país con marca de narcotráfico sino también la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU, la cual advierte que los principales cárteles como el Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, experimentan con nuevas sustancias para fabricar drogas.
Según la información publicada en El Universal, a raíz del endurecimiento de las medidas para evitarla importación de precursores para fentanilo, se experimenta con fórmulas médicas rechazadas por los laboratorios “formales” que en sus investigaciones encontraron efectos negativos para los pacientes.
Desde luego, como pasa con los alcohólicos el machuchón de Palacio Nacional lo niega, pero es un hecho que los cárteles mexicanos ya con ramificaciones en diversos continentes del mundo y con las “facilidades” que les da el abrazo, no balazos, se robustecen, crean ínsulas territoriales y financieras y políticas independientes que también les otorga un mayor poder de corrupción en las esferas públicas y privadas “legales”. Ya no son un poder teórico, es fáctico y convive con gobierno y sociedad.
Eso es innegable.
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