La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJA) ha confirmado un crédito fiscal de 21.2 millones de pesos contra Elba Esther Gordillo, exlíder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), impuesto por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La resolución, emitida de manera unánime este miércoles, se basa en ingresos no declarados correspondientes a los años fiscales 2008 y 2009, según lo informado por el tribunal.
El SAT determinó que ciertos depósitos y pagos realizados con tarjetas de crédito durante el periodo en que Gordillo estuvo al frente del SNTE deben ser considerados ingresos acumulables sujetos al Impuesto sobre la Renta (ISR). El Magistrado Carlos Chaurand destacó durante la audiencia pública que Gordillo no pudo demostrar que estos ingresos correspondían a gastos de representación del sindicato.
La defensa de Gordillo ha sostenido que los pagos efectuados con tarjeta, muchos de ellos en tiendas de lujo en Estados Unidos, eran completamente destinados a gastos de representación como presidenta del SNTE. Ahora, la exlíder sindical tiene la opción de impugnar esta decisión mediante un amparo ante un tribunal colegiado. De no tener éxito en este recurso legal, enfrentará la obligación de pagar la suma adeudada o podría enfrentar el embargo de sus cuentas y bienes por parte del SAT.
Esta no es la primera vez que Gordillo enfrenta problemas fiscales. En enero de 2021, la Sala Superior del TFJA anuló dos créditos fiscales por un total de 25.5 millones de pesos, impuestos por ingresos no declarados en los años 2010 y 2012. En esa ocasión, se consideró que su derecho a una defensa adecuada fue vulnerado debido a que se encontraba en prisión preventiva durante las auditorías.
Además, en su declaración fiscal de 2012, Gordillo reportó ingresos por 373.3 millones de pesos provenientes de una herencia de su madre, Zoila Morales, ingresos que están exentos del ISR según la ley vigente.
¿Por qué estuvo en la cárcel Elba Esther Gordillo?
Elba Esther Gordillo fue detenida el 26 de febrero de 2013 en el Aeropuerto Internacional de Toluca, proveniente de San Diego, California, en su jet privado. La entonces Procuraduría General de la República (PGR) la acusó de malversación de fondos del SNTE y lavado de dinero, señalándola por usar recursos del sindicato para gastos personales, incluyendo propiedades, obras de arte y cirugías estéticas.
Después de su arresto, Gordillo fue trasladada a la Ciudad de México y recluida en el Centro de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla. Durante las audiencias judiciales, se presentaron pruebas que la implicaban en el desvío de más de 2,000 millones de pesos de las cuotas sindicales.
A pesar de negar las acusaciones, Gordillo permaneció en prisión preventiva durante varios años mientras se desarrollaba su proceso legal. Su detención atrajo la atención mediática debido a su prominencia como líder sindical y figura política influyente en México.
Finalmente, en 2018, fue liberada después de que un juez determinara la falta de pruebas suficientes para sostener las acusaciones en su contra, concluyendo así uno de los casos judiciales más sonados en la historia reciente del país.
