El reciente informe de Armed Conflict Location and Event Data (ACLED) revela que las elecciones de 2024 en México estuvieron marcadas por una escalada de violencia política, atribuida principalmente a los enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.
Según el reporte titulado «Five key takeaways from the 2024 elections in Mexico«, estos grupos delictivos jugaron un papel crucial en la inseguridad electoral en varias regiones del país.
En estados como Guanajuato y Michoacán, conocidos por su historial de violencia ligada al crimen organizado, la situación fue especialmente alarmante. La competencia entre los carteles resultó en un aumento significativo de la violencia, no solo contra políticos, sino también contra sus familiares y simpatizantes. Este clima de intimidación y miedo afectó gravemente el proceso electoral, amenazando la integridad del mismo.
En Guanajuato, por ejemplo, los candidatos enfrentaron amenazas directas por parte de grupos delictivos, lo cual puso en riesgo tanto la participación electoral como la seguridad de los ciudadanos. La violencia alcanzó niveles críticos, reflejando un contexto de disputa territorial entre bandas criminales que desestabilizó la región.
En contraste, estados como Nuevo León, aunque afectados por altos índices de violencia del crimen organizado, mostraron una menor incidencia de violencia política. Esto se atribuye en parte a una estructura oligárquica que, si bien ha sido criticada por sus posibles vínculos con el crimen, logró mantener una relativa estabilidad durante el proceso electoral.
Chiapas, por otro lado, lideró en términos de violencia contra políticos, experimentando un aumento del 90% en comparación con las elecciones anteriores. En algunas zonas como Chicomuselo y Pantelhó, la jornada electoral tuvo que ser cancelada debido a la imposibilidad de garantizar la seguridad tanto de los electores como de los candidatos.
Según ACLED, México se encuentra entre los países más violentos del mundo, ocupando el cuarto lugar después de Myanmar, Siria y Palestina. Esta situación se agrava durante los periodos electorales, donde la violencia extrema compromete la participación ciudadana y la estabilidad democrática.
Sandra Pellegrini, especialista de ACLED para América Latina, subrayó que la violencia política en México sigue siendo alarmante, con un alto costo en vidas humanas y un impacto significativo en la gobernabilidad democrática. Los incidentes registrados por el proyecto “Votar entre Balas” de Data Cívica confirman esta tendencia, evidenciando ataques directos contra candidatos y funcionarios electorales, con consecuencias devastadoras.
