Este sábado, entró en vigor la controvertida reforma a la Ley de Amnistía que permite al presidente de la República conceder indultos de manera directa en casos que considere de relevancia para el Estado mexicano.
El decreto, publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) ayer 14 de junio, agrega el artículo 9 a la Ley de Amnistía y detalla las condiciones bajo las cuales los acusados pueden acceder a este beneficio.
El nuevo artículo establece que «por determinación exclusiva de la persona titular del Poder Ejecutivo federal se podrá otorgar el beneficio de la amnistía de manera directa, sin sujetarse al procedimiento establecido en este ordenamiento».
Esto significa que el presidente puede indultar a personas acusadas, procesadas o sentenciadas por cualquier delito, siempre y cuando aporten «elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado mexicano».
El decreto señala que la amnistía concedida bajo este nuevo artículo extinguirá tanto las acciones penales como las sanciones impuestas, ofreciendo un mecanismo sin precedentes en el sistema judicial mexicano que otorga al Ejecutivo un poder considerable sobre el destino de ciertos acusados.
La reforma fue aprobada en la Cámara de Diputados el pasado 25 de abril con 250 votos a favor y 197 en contra. Los legisladores que apoyaron la reforma argumentan que este poder es esencial para esclarecer delitos complejos y de gran impacto para la nación. Sin embargo, la oposición ha expresado preocupaciones significativas sobre el potencial abuso de esta facultad.
Jorge Romero Herrera, coordinador de los diputados del PAN, anunció que su partido presentará acciones de inconstitucionalidad en contra de esta reforma.
«Estamos ante un grave riesgo de concentración de poder en el Ejecutivo, lo que puede derivar en un uso discrecional y potencialmente arbitrario del indulto», declaró Romero Herrera. Además, señaló que el PAN también impugnará la reforma al Fondo de Pensiones para el Bienestar, aprobada recientemente.
Los críticos de la reforma sostienen que esta medida podría socavar el principio de separación de poderes y la independencia judicial. Advierten que otorgar al presidente la facultad de indultar directamente puede abrir la puerta a decisiones motivadas por intereses políticos más que por la justicia o el bienestar del Estado.
Por otro lado, los defensores de la reforma argumentan que el presidente necesita herramientas más efectivas para lidiar con casos de alta relevancia para la seguridad y el bienestar nacional. Según ellos, la capacidad de otorgar amnistías directamente permitirá al Ejecutivo resolver casos estancados y obtener información crucial para el esclarecimiento de delitos graves.
