“Los migrantes no pueden escapar de su historia más de
lo que uno puede escapar de su sombra”: Zadie Smithe
- Expulsión imparable; 6 de 10 son mexicanos
- Política migratoria sometida a necesidades de EU
- INAI: ordena juez al Senado nombramientos ¡ya!
Ciudad de México, 11 de mayo de 2023.- La crisis humanitaria en la ciudades fronterizas de México se agudiza debido a la llegada de miles de migrantes engañados con la esperanza de un ingreso fácil a Estados Unidos, donde hoy concluyó el Título 42 lo cual permitía la expulsión de migrantes alegando razones de seguridad sanitaria debido al Covid-19, y ahora será reemplazado por el Título 8, el cual avala el arresto, procesamiento y deportación de quienes cruzan ilegalmente. Tanto el gobierno de Joe Biden como el de Andrés Manuel López Obrador movilizan sus fuerzas armadas a las fronteras para contener el flujo poblacional e intentar evitar el desbordamiento de grupos migratorios expulsados de México, Centro y Sudamérica. Mientras, las causas de la migración en los países expulsores siguen sin ser atendidas, por lo tanto el problema no sólo no se resuelve sino se complica.
La actual coyuntura migratoria y de refugio en México es la más compleja, numerosa y tensa de todos los tiempos. Estamos ante escalas nunca vistas de solicitantes de refugio y de migrantes. Los enormes flujos de personas confrontan las políticas migratorias más severas, excluyentes y racistas, instrumentadas con una intensidad sin precedente tanto por el gobierno de Estados Unidos como por el sometimiento del de México. Entre enero de 2022 y marzo de 2023, la patrulla fronteriza ha registrado cerca de 3.1 millones de “encuentros” con extranjeros en la frontera de Estados Unidos con México, lo cual representa la cifra más alta de todos los tiempos. De ese total, el flujo de mexicanos configura el 32.7 por ciento; el procedente de Guatemala, El Salvador y Honduras aportan el 18.9 por ciento; por otra parte, Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua, junto con Ecuador, Colombia y Perú integran el 39.9 por ciento. Otros países aportan el porcentaje restante.
Desde abril de 2020 no ha dejado de crecer el arribo irregular de connacionales al país vecino. En 2018 el promedio mensual era inferior a veinte mil eventos; en marzo de 2023, la cifra fue de más de ochenta mil y lo previsible es perdure esa tendencia en el futuro cercano. Los efectos de la pandemia, los desequilibrios económicos, el desempleo y la caída de los ingresos familiares son factores motivadores de la nueva emigración mexicana. Además, el crimen, la violencia en distintas regiones del país, como Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Oaxaca y Chiapas, entre otros estados, provocan desplazamientos transformados en solicitantes de refugio en los Estados Unidos. La migración de mexicanos es, en mucho, producto de los fracasos de la política económica del gobierno no solamente de López Obrador, a quien se le entregó la confianza de establecer mejores condiciones de desarrollo con las cuales se evitara siguiera saliendo del país mano de obra excepcional, sino de los mandatos tanto priístas como panistas.
La política del gobierno de la 4T es dominada por la ruta empeñada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo de Marcelo Ebrard, con el gobierno de Donald Trump, subordinando la impulsada por la Secretaría de Gobernación, desplazada de su atribución en materia migratoria. Así, se militarizó la política migratoria, con un alineamiento de la relación bilateral de México con los Estados Unidos; modificaciones institucionales de impacto estructural, como la Guardia Nacional y su respectiva ley; cambios radicales en la gestión del INM; una repercusión mayor, en la gestión de la relación del Estado con migrantes y refugiados marcada por el mapa conceptual militar y por su naturaleza de fuerza material. En este contexto, la violación de los derechos humanos y, en particular, de los solicitantes de refugio transitando por México, se incrementó radicalmente. Por lo mismo, también se intensificaron los riesgos del tránsito y la vulnerabilidad de las personas.
El crimen cometido en una estación migratoria del INM en Ciudad Juárez, el pasado 27 de marzo de 2023, donde perdieron la vida 40 personas y otras tantas terminaron heridas, no es un acontecimiento ajeno al contexto de militarización y de una gestión migratoria severa. No obstante, a la fecha, el gobierno de López Obrador no rectifica su política migratoria y su mensaje es que todo siga igual, al grado de no instruir la remoción de los funcionarios del INM quienes, directa o indirectamente, intervinieron en el evento criminal, el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez.
A unas horas de concluir el Título 42, se reportan decenas de migrantes en busca de cruzar la frontera entre Estados Unidos y México, algunos incluso arriesgando sus vida. Desde hace unos días, se reportan decenas de migrantes intentando cruzar el Río Bravo en colchones, sobre maletas o buscando espacios donde las corrientes sean menos fuertes. Desde temprana hora de este jueves, autoridades reportaron una oleada de migrantes presentes en los límites entre los dos países en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, quienes descienden por un barranco. Sin ropa y con niños en brazos, cruzan el peligroso río desesperadamente, con sus pertenencias en una bolsa de plástico. Los agentes aduanales ubicados en el sector les solicitan por medio de parlantes retornen su camino; sin embargo, hacen caso omiso a las advertencias. “Atención, atención, quédense en México, es ilegal pasar a los Estados Unidos. Si cruzan van a ser deportados”.
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, subrayó sobre el final del Título 42º: “no significa que nuestra frontera está abierta, sino consecuencias más graves (en virtud del Título 8) para las personas que cruzaron la frontera de manera irregular”. El funcionario elogió la “eficacia” de los esfuerzos del gobierno para detener el flujo de migrantes en la frontera y criticó al Congreso por no reparar “un sistema de migración dañado”. Destacó: “esperamos registrar un gran número de encuentros (con migrantes) en nuestra frontera sur en los días y semanas posteriores al 11 de mayo”. Mayorkas confirmó el envío de “personal a la frontera”, incluidos 1,400 miembros del personal del DHS, 1,000 coordinados de procesamiento y 1,500 miembros adicionales del personal del Departamento de Defensa. Se espera el despliegue de agentes del Servicio Secreto de EEUU y del Servicio de Alguaciles, entre otras agencias federales, para ayudar a las autoridades fronterizas.
Para intentar evitar caos y violencia en medio de la crisis migratoria generada por el fin del Título 42 y, al mismo tiempo, reforzar la frontera sur con elementos de la Guardia Nacional para evitar conflictos, el gobierno de López Obrador cooperará con Estados Unidos. El titular del Ejecutivo federal explicó en su conferencia mañanera que la cooperación con el país vecino se acordó en la llamada sostenida con Joe Biden el martes pasado, mientras el envío de fuerzas federales al sur fue una decisión propia del gobierno mexicano. “Ayudar en todo, cooperar con el gobierno de Estados Unidos para que no haya caos y mucho menos violencia, estamos nosotros ayudando en el sureste para que se proteja a migrantes. Hemos estado recibiendo información de que hay muchos polleros, más que de costumbre, muchos traficantes de personas que están ofreciendo llevar por 8, 10 mil dólares a migrantes a la frontera hablando de que a partir de hoy ya pueden entrar libremente y es una mentira, una manipulación”, señaló el mandatario.
Una vez levantada la Orden de Salud Pública del Título 42, cada mes, México recibirá hasta 30 mil migrantes retornados de Estados Unidos, originarios de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua, para ser trasladados hasta su frontera sur. Este es uno de los acuerdos establecidos entre las administraciones Biden y AMLO, destacó el comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza, Troy Miller.
En territorio mexicano, los gobiernos municipales y los estatales receptores de miles de migrantes en sus jurisdicciones han sido abandonados ante esta emergencia por parte del gobierno federal, señala la panista Rosa González Azcárraga, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados. Tan sólo en las ciudades de Reynosa, Tamaulipas, y Ciudad Juárez, Chihuahua, se calcula hay cinco mil migrantes en cada una viviendo en las calles. Cifras similares se resienten en los municipios fronterizos. “Y los van a regresar por que no es cierto que puedan pasar después del 11 de mayo”, advierte la legisladora, quien demanda: “Es un tema que el Presidente debería de tomar en consideración y debería volver a darle presupuesto (…) gastar en albergues decentes, que haya un orden de alguna manera y no dejar que los municipios y estados se hagan bolas, porque ninguno de los dos tiene dinero para soportar esa cantidad de gente”.
Muchos de los migrantes asentados a lo largo de la frontera norte, principalmente de Cuba, Nicaragua y Venezuela, de no lograr entrar a Estados Unidos, tampoco están dispuestos a regresar a sus países. Tras el incendio de la Estancia Provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, con un saldo 40 personas fallecidas, el Instituto Nacional de Migración decidió suspender temporalmente la operación de 33 Estancias Provisionales tipo “A” y “B” en el país, hasta en tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluye la visita de supervisión a todas las instalaciones y rinde el informe especial sobre la situación de las estaciones migratorias.
Los especialistas, como Alma Guadarrama Muñoz, advierten se exacerbará la crisis humanitaria en torno a los migrantes, de manera particular en la frontera norte del país. La implementación del Título 42 por parte del gobierno de Estados Unidos (marzo de 2020 al mismo mes de 2023) expulsó a más de 2.8 millones de migrantes de territorio estadounidense en sus diferentes fronteras. Con base en datos de la U.S. Customs and Border Protection, y la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación, se estimó que por la frontera sur de EU con México se registraron 2 millones 710 mil 494 eventos de expulsión y de estos, seis de cada 10 correspondieron a personas de nacionalidad mexicana (un millón 614 mil 746 eventos).
La situacion es grave y se intenta desviar la atención con otra con igual o peor trascendencia: atacar a la Suprema Corte de Justicia, a los ministros, llegándose al grado de arremeter contra sus vehículos. Es en extremo notoria la gran diferencia: cualquier movimiento de inconformidad de ciudadanos sobre actuaciones o decisiones del Poder Legislativo lleva a la autoridad a blindar los inmuebles, tanto el de San Lázaro como el ocupado por los senadores: visto y criticado está el montaje de vallas metálicas y el exceso de vigilantes cuando del Poder Ejecutivo y el Palacio Nacional se trata, sin embargo, en el caso de la sede de la Corte no se envía a un solo uniformado pese a los disturbios ahí llevados a cabo y de las agresiones al inmueble y sus ocupantes. Saquemos conclusiones.
DE LOS PASILLOS
Un Juez en materia administrativa otorgó la suspensión definitiva al Consejo Consultivo del INAI, para que con ello la Junta de Coordinación Política del Senado decline en la omisión de nombramiento de los comisionados del Instituto de Transparencia faltantes. De este modo, y por votos conjuntos, los magistrados del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito dieron por infundado el recurso de queja que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Senado interpuso contra la determinación de la jueza Celina Quintero Rico, quien ordenó el Senado nombrara de manera inmediata al sustituto del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas. El pleno del INAI tiene ya varios meses paralizado debido a la falta de tres nombramientos, no pueden celebrar ningún pleno y eso va retrasando la información solicitada…
Vale la pena recordarles a los diputados, a los senadores, a sus líderes, a gobernadores, presidentes municipales, aplaudidores del presidente y a sus satélites: “La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el Máximo Tribunal Constitucional del país… y su misión es vigilar que los Poderes de la Unión actúen de conformidad con los principios y mandatos contenidos en la Constitución.” Puede entenderse, no justificarse, el presidente se enoje, se moleste cuando las cosas no le salen como quiere, pero no debería regañar a los ministros, denostar a la Corte, sino a sus representantes, seguidores, feligreses en el Congreso de la Unión, son ellos quienes convirtieron en un cochinero la aprobación de sus reformas. Contando con la mayoría relativa no tenían porque ensuciar todo el proceso, saltarse las trancas, la ley, El trabajo de Ignacio y de Ricardo fue precipitado, en medio de torpezas y desaseo, generando violaciones a la ley. Los dardos debiera el tabasqueño dirigirlos a los auténticamente culpables, a no ser se buscara este pleito, llevándolo al conocido como “pleito ratero” para marcar no habrá un solo paso atrás en la intentona de construir un gran poder para un solo hombre: él.
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