La Fiscalía General del Estado de Querétaro solicita una pena de tres años de prisión para una niña de 14 años que sufrió un aborto espontáneo, además de exigir una indemnización de 518 mil pesos para el padre del producto, a pesar de que la menor quedó embarazada debido a una violación.
El caso, ocurrido en el municipio de Huimilpan, ha generado indignación entre organizaciones civiles que denuncian revictimización. Mayra Dávila, presidenta de la asociación Adax Digitales, informó que la menor desconocía su embarazo hasta que sufrió una hemorragia y fue trasladada de emergencia al hospital. Los mismos paramédicos dieron aviso a las autoridades, lo que derivó en la apertura de la carpeta de investigación CI/QRO/20351/2023.
Durante la audiencia intermedia, la Fiscalía solicitó la pena de prisión y la reparación económica para el agresor, quien es considerado “padre del producto”. Según Dávila, la defensa intentó que se excluyera como prueba el testimonio del agresor por considerarlo revictimizante, pero el juez decidió mantenerlo como parte del proceso.
“La niña sigue bajo arraigo domiciliario, y en cinco días hábiles se definirá la fecha del juicio en su contra”, explicó Dávila. La activista denunció que Querétaro continúa criminalizando el aborto, a pesar de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que prohíbe judicializar este delito en México.
Fiscalía investiga a la menor por homicidio
El fiscal general de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández, explicó que la investigación en contra de la menor se abrió como homicidio, argumentando que el producto tenía más de 36 semanas de gestación al momento de fallecer. “No hemos judicializado ninguna carpeta de investigación por aborto”, declaró Hernández al medio Diario de Querétaro.
Sin embargo, Adax Digitales reportó que en la entidad ya se han abierto siete investigaciones por aborto, aunque las autoridades niegan haber llevado estos casos ante un juez. Dávila denunció que, aunque la Fiscalía asegura no judicializar las carpetas, sigue iniciando procesos por aborto, lo que representa una violación al criterio de la SCJN.
