En opinión de Joel Hernández Santiago  
 Fondo para desastres  

Joel Hernández Santiago

La tragedia que asola las costas mexicanas en tiempo de huracanes es cada vez más frecuente. El calentamiento global comienza a cobrar factura a los humanos, y muy caro. 

En México, tenemos muchos ejemplos de daños muy graves ocasionados por  huracanes que llegan a nuestras costas con mayor intensidad y destruyen lo que encuentran a su paso al tocar tierra. 

Y si bien esto impacta la zona misma de la entrada de los meteoros, también se expande hacia tierra adentro propiciando lluvias extremas, inundaciones, pérdidas de vidas y de bienes, como también siembras y, en general, producción agropecuaria. Para quienes lo viven es una tragedia. 

Por supuesto llama la atención lo ocurrido en Acapulco. Un puerto de mar, turístico, al que todos tenemos mucho cariño y grandes recuerdos.

Han sido tres los golpes de enorme intensidad que asolan por estos días a Acapulco. El primero, y muy dañino, es el crimen organizado que azota la zona y encuentra en Acapulco un centro de operaciones criminales. Los acapulqueños saben ahora lo que es el peligro y la pérdida de vidas y patrimonio a manos de criminales sin escrúpulos. 

Pero también están los graves daños propiciados por la naturaleza misma: el Huracán Otis, de categoría 5 que tocó tierra en Acapulco el miércoles 25 de octubre de 2023 a las 00:25 horas, resultando en una gran destrucción de la infraestructura de la ciudad. Fue un huracán de extraordinaria potencia y capacidad destructiva. 

Y cuando aún no se reponían los acapulqueños de los graves daños causados por este fenómeno atmosférico, apareció el huracán John que tocó tierra el 23 de septiembre de este año, como huracán de categoría 3 a las 21.20 de la noche del lunes y se degradó a tormenta tropical a las 3.15 de la madrugada del martes. Al igual que Otis, la región más golpeada es la Costa Chica de Guerrero. 

Y si bien todos miramos hacia Acapulco, ambos huracanes afectaron asimismo comunidades aisladas, municipios alejados de las grandes urbes y perdidos entre sierras y montañas guerrerenses. Igual que pasa cuando ocurren estos fenómenos en costas de otros estados. No sólo se dañan los puertos de ingreso en tierra, se dañan comunidades distantes en donde en general vive gente de campo, gente de trabajo y gente con pocos recursos económicos, hoy sin auxilio. 

Y a todo esto uno se pregunta ¿cómo será la ayuda que se otorgará a todas estas familias y gente a la que se admira en su fortaleza, pero a la que hay que ayudar de forma eficiente y pronta? Porque está en juego su subsistencia, su salud, su labor, su trabajo, su educación… Su vida. 

Al momento la presidente de México ha acudido en dos ocasiones a Acapulco, para conocer y coordinar la ayuda. Lo hizo una primera vez el 2 de octubre tan sólo a la base militar en Icacos. Y fue nuevamente el 11 de octubre para establecer contacto con la gente de a pie, con la gente que sufrió en su persona y sus bienes el impacto dañino de Otis y John. Bien. Se reconoce este detalle. 

(Un detalle que no quiso tener el ex presidente López Obrador en el caso de Otis, por miedo a que le increparan, aunque se escudó en que no podía poner en riesgo “la investidura presidencial”.)

Y sin embargo se anunció ya que a partir de un censo de daños, se entregará a cada núcleo familiar 8 mil pesos de ayuda para apoyo por los daños ocurridos a su casa y familia. 

Una cifra que salió de algún cálculo extraordinario que sirve para mandar el mensaje de apoyo, pero claramente insuficiente para solucionar la tragedia en vidas y bienes de la gente de Guerrero dañada. Porque no sólo es Acapulco. También son los municipios dañados al  interior. 

Y es cuando se hace indispensable conocer cuál será el método de apoyo una vez que por capricho presidencial en el sexenio pasado se desapareció al Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

Este fondo fue creado en 1996 y tenía como objetivo proporcionar apoyo a los estados y entidades en tiempos de catástrofes naturales. El Fonden desempeñaba un papel vital para la población afectada, al suministrar auxilio y asistencia, con protocolos de ayuda así como con recursos. Se activaban inmediato declaratorias de emergencia o desastre, se evaluaba y se entregaban recursos mediante mecanismos establecidos. 

A pesar de su importancia, en 2020, con el pretexto de obtener más recursos públicos frente a la crisis derivada de la pandemia y “para evitar actos de corrupción”, a iniciativa presidencial el Congreso de la Unión aprobó la extinción de 109 fideicomisos, entre ellos el Fonden, que formaba parte de la Ley General de Protección Civil. 

Así, en 2021 comenzó a desaparecer este fideicomiso que reportó una bolsa de recursos de 35 mil 140 millones de pesos al cierre de 2020.

Luego, el mismo ex presidente López Obrador, aseguró que cuando ocurrieran desastres naturales, se entregarían recursos de forma directa a los damnificados. Sin una garantía de apoyo cierto, sin una garantía de evaluación de daños o su magnitud. Hoy son 8 mil pesos a las familias en crisis. 

Pasado ya el terremoto sexenal de 2018-2024 ¿no sería conveniente para todos, gobierno y ciudadanos, recuperar el Fonden, para garantizar un mecanismo formal y con protocolos de auxilio y recursos suficientes para ayudar de forma cierta en este tipo de tragedias? Y llevar un alivio más estructurado y cierto a quienes lo necesiten, de forma suficiente y vital.

A la vista de lo que ocurrió ya en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Campeche… ¿no será conveniente recuperar al Fonden, aunque se le llame de otro modo, pero que sea lo mismo? ¿No es tiempo de estar ya en la realidad?