En una decisión que ha generado un debate candente en Australia, el gobierno laborista presentará el próximo lunes un proyecto de ley destinado a prohibir el «robo de salarios». La iniciativa, liderada por el Ministro de Trabajo, Tony Burke, busca cerrar las brechas en la legislación laboral del país y asegurar una remuneración justa para los trabajadores.
El proyecto de ley, cuyos detalles aún no han sido divulgados públicamente, establecería como delito el pago deliberado de salarios por debajo de las tasas legales y conllevaría sanciones severas. Aquellos empleadores que incurran en este tipo de prácticas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de hasta 7,8 millones de dólares australianos (5 millones de dólares).
El Ministro Burke ha enfatizado que las sanciones propuestas no afectarán a los empleadores que cometan errores de buena fe. Esta medida tiene como objetivo proteger los derechos de los trabajadores y prevenir la explotación laboral.
Además de abordar el «robo de salarios», el proyecto de ley tiene otras implicaciones significativas. Buscará facilitar que los trabajadores eventuales accedan a empleos permanentes y examinará el uso de empresas de contratación de mano de obra para reducir los salarios mínimos. También establecerá estándares mínimos para los trabajadores de la «economía colaborativa», incluyendo aplicaciones de entrega de alimentos y viajes compartidos.
En una entrevista reciente con la Australian Broadcasting Corporation, el Ministro Burke argumentó que el impacto en las empresas sería mínimo, aunque admitió que «algunas personas tendrán que pagar más». Se espera que las empresas con menos de 15 empleados estén exentas de algunas disposiciones, lo que ha sido una medida controvertida.
El anuncio del proyecto de ley ha generado reacciones mixtas en Australia. Jennifer Westacott, directora ejecutiva del Consejo Empresarial de Australia, calificó los cambios propuestos como «inviables» y argumentó que aumentarán los costos y la complejidad, dificultando la contratación de trabajadores informales.
La Cámara de Comercio e Industria de Australia también expresó su preocupación, afirmando que la ley podría restringir la contratación independiente y amenazar la viabilidad de los servicios de entrega de alimentos y viajes compartidos en línea.
El proyecto de ley será debatido en el parlamento australiano en los próximos días, y se espera que genere un intenso debate entre legisladores, empresarios y defensores de los derechos laborales mientras el país busca encontrar un equilibrio entre proteger a los trabajadores y no obstaculizar la economía.
