Acapulco, Guerrero, enfrenta una nueva amenaza que se suma a la violencia que ha marcado la región. Según el periodista Óscar Balderas, los grupos criminales han comenzado a exigir pagos del aguinaldo, el bono tradicional de fin de año, a trabajadores y empresarios de la zona. Esta táctica de extorsión es una respuesta a la necesidad de financiar sus actividades después de la pausa que se produjo por los efectos de los huracanes Otis y John, que afectaron gravemente la región en el último año.
En su podcast Territorio Rojo, Balderas señaló que la amenaza es clara: «Si los aguinaldos de los acapulqueños no van a los bolsillos del crimen organizado, habrá más matanzas como la de Tres Palos». El crimen organizado ha intensificado sus métodos de presión, apuntando ahora a los pagos decembrinos de los trabajadores para reponer sus finanzas.
Este fenómeno tiene un trasfondo trágico, como quedó demostrado en la masacre ocurrida el 4 de noviembre en Tres Palos, una localidad en las afueras de Acapulco. Seis miembros de una familia fueron asesinados, incluidos tres mujeres y dos hombres, en un ataque a su hogar. La familia, conocida por su negocio de venta de cocos en la playa Princess, fue atacada violentamente, y los agresores intentaron incendiar la vivienda. El crimen, según reportes, podría haberse originado por la negativa de la familia a pagar la «cuota de extorsión» que los grupos criminales exigen a los comerciantes.
Este asesinato se une a una larga lista de crímenes en Guerrero, un estado disputado por al menos diez grupos criminales. En octubre, la decapitación del alcalde de Chilpancingo y otros enfrentamientos armados que dejaron múltiples víctimas reflejan la creciente violencia en la región.
El impacto de la extorsión también se ha sentido en el sector educativo, donde varias escuelas en Acapulco han sido blanco de amenazas de grupos criminales que exigen parte de los fondos destinados a la reparación de las instalaciones a través del programa federal La Escuela es Nuestra. A pesar de las investigaciones de la Fiscalía General de Guerrero y los esfuerzos de patrullajes de la Secretaría de Seguridad Pública, la violencia y la extorsión continúan creciendo.
En este contexto, los residentes de Acapulco enfrentan no solo los efectos de la violencia directa, sino también la constante presión de grupos criminales que buscan controlar tanto los negocios como las instituciones en la región.
