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Guardia Nacional obtiene luz verde de 20 congresos estatales para realizar tareas ministeriales

La Guardia Nacional está a un paso de poder realizar tareas de investigación de delitos, tras la aprobación de una reforma constitucional que recibió el aval de 20 congresos estatales.

Con esto, se permitirá que esta corporación militarizada, además del Ministerio Público y las policías civiles, colabore en la investigación de ilícitos en el país.

El Congreso de Chihuahua fue clave para alcanzar el mínimo de 17 votos requeridos, al sumarse con el apoyo del PAN. A las 14:11 horas del jueves, la reforma superó el umbral, acumulando así un total de 19 aprobaciones estatales, incluidos los congresos de Baja California, Campeche, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Oaxaca, Puebla, y Yucatán, entre otros.

Esta reforma, que modifica el artículo 129 de la Constitución, permitirá a la Guardia Nacional, integrada por personal militar con formación policial, realizar funciones que antes eran exclusivas de las autoridades civiles. Su papel se centrará en coordinarse con el Ministerio Público y las policías de los tres niveles de gobierno para reforzar la seguridad pública, según lo estipula el nuevo marco legal.

Además, la modificación incluye la creación de un Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el cual la Guardia Nacional trabajará de manera conjunta con las instituciones policiales para cumplir con los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

El próximo domingo, el Senado realizará el cómputo final de los votos a las 16:00 horas, seguido por la Cámara de Diputados a las 19:00 horas, para dar oficialidad a la reforma y permitir su publicación en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor al día siguiente. Esta reforma es histórica, ya que también cambia el artículo 129, que durante 167 años había mantenido una redacción que limitaba las funciones de los militares en tiempos de paz.

Con esta nueva ley, se formaliza la participación militar en tareas de seguridad pública y la desaparición de la Policía Federal, cuyos elementos pasarán a depender de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

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