HRW advierte: Reformas Constitucionales en México ponen en riesgo Derechos Humanos
Human Rights Watch (HRW) ha lanzado una fuerte advertencia sobre las recientes propuestas de reformas constitucionales en México, señalando que podrían poner en grave riesgo los derechos humanos en el país. La organización critica principalmente las reformas que buscan modificar el Poder Judicial y eliminar el Instituto Nacional de Transparencia, el Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI).
Reformas Peligrosas
Las reformas en cuestión incluyen la propuesta de transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ampliar la prisión preventiva oficiosa, y sustituir el proceso actual de nombramientos judiciales por elecciones populares. Además, se propone crear la figura de ‘jueces sin rostro’, una medida que HRW y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) consideran violatoria del derecho a un juicio justo.
Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, expresó su preocupación diciendo: “Estas peligrosas propuestas socavarían la independencia judicial, otorgarían un poder sin precedentes a los militares, y eliminarían salvaguardas establecidas para proteger los derechos humanos”.
Posibles Consecuencias
La ONG también advirtió que la eliminación del INAI y la falta de restricciones para que los militares asuman funciones civiles podrían debilitar las protecciones de privacidad y transparencia en México. “Dado el largo historial de graves abusos y encubrimientos oficiales en México, los legisladores deberían adoptar medidas para fortalecer las protecciones de los derechos humanos, no para debilitarlas”, agregó Goebertus.
Reacciones y Contexto
La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso aprobó recientemente la reforma judicial que propone la elección popular de jueces, una medida que se someterá a votación en el Pleno en septiembre. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y su partido, Morena, han mostrado respaldo a estas reformas, las cuales fueron enviadas por el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador en febrero.
Estas iniciativas han levantado preocupaciones no solo entre los defensores de derechos humanos, sino también entre embajadores de Estados Unidos y Canadá, así como entre entidades financieras como Fitch, CitiBanamex y Morgan Stanley. “Lamentablemente, es probable que estos cambios constitucionales logren exactamente lo contrario de lo que México necesita”, concluyó Goebertus.
