Investigación Revela Contratación Irregular en la Sedatu: Accionista Vinculado a Empresas de Paraísos Fiscales
Una investigación liderada por Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha arrojado luz sobre presuntas irregularidades en la contratación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). La entidad gubernamental, encabezada por Román Meyer Falcón, habría otorgado un contrato de 400 millones de pesos a la empresa Brick Contratistas para la construcción de la sexta etapa del Malecón de Villahermosa, Tabasco.
Lo más sorprendente de la revelación es la vinculación del accionista de Brick Contratistas, Luis Doporto, con empresas fachada y paraísos fiscales. Doporto, identificado como un operador financiero, estuvo previamente involucrado en los Panamá Papers en 2016 y los Paradise Papers en 2017, investigaciones que desvelaron grandes fraudes financieros a nivel internacional.
Según la investigación, Luis Doporto tuvo influencia en empresas y transacciones financieras en diversos paraísos fiscales, incluyendo Suiza, Luxemburgo, Países Bajos, Malta, Panamá, entre otros. Estas ubicaciones son conocidas por sus beneficios tributarios y la garantía de mantener en el anonimato a los inversores.
La sociedad Chelsea Real Estate Fund, creada por Doporto y vinculada a Brick Contratistas, también cuenta con otros accionistas notables, como Kim Nizam Pasha Sharpe, director de Codere, el mayor operador de juegos y apuestas en México, y Jaime Martín Cabrera Parkman y José Antonio González Mendoza, dueños de Conkrete, empresa relacionada con anteriores etapas del Malecón de Villahermosa.
La Sedatu concedió el contrato a Brick Contratistas a pesar de las dudas sobre su idoneidad, incluida la falta de documentación relacionada con sus obligaciones ante el IMSS e Infonavit. La empresa ganadora, en asociación con FT Construcciones, presentó la propuesta más cara, a pesar de que otras propuestas ofrecían ahorros significativos, planteando interrogantes sobre la transparencia del proceso de licitación.
La obra, programada para completarse antes del 10 de diciembre de 2023, enfrenta problemas de incumplimiento de plazos, ya que el avance real es del 85% a principios de enero de 2024. Además, las empresas ya han recibido más del 92% del pago comprometido por la Sedatu.
La controversia no solo destaca la presunta contratación irregular, sino que también subraya preocupaciones más amplias sobre la transparencia y la integridad en las prácticas gubernamentales. La Sedatu, dirigida por Román Meyer Falcón, enfrenta ahora una mayor atención sobre sus procesos y decisiones de contratación.
Con información de Expansión Política
