Ricardo Del Muro / Austral
Chiapas es el cuarto estado más importante del país en exportación de petróleo y gas, pero la mayor parte de los beneficios del llamado “oro negro” han sido, desde hace más de medio siglo, para la federación, a través de Petróleos Mexicanos (Pemex), mientras que la entidad sigue como una de las pobres del país y los municipios petroleros (Reforma, Pichucalco, Juárez y Ostuacán) no sólo padecen sobrepoblación, contaminación de sus ríos, inflación y desigualdad social, sino que, en los últimos años, se ha incrementado la inseguridad y la violencia.
De acuerdo con las exportaciones trimestrales por entidad federativa en el primer trimestre del 2024 dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Chiapas realizó exportaciones de petróleo y gas, equivalente al 1.7 por ciento total nacional, que representan unos 2 mil 272 millones de dólares, ubicandose en el cuarto lugar, después de Campeche (56.5%), Tabasco (37%) y Veracruz (4.5%), superando, incluso a Tamaulipas que registró 0.6 por ciento.
La extracción de petróleo se ha realizado hasta la fecha en 129 pozos ubicados en cuatro municipios: 77 en Reforma, 32 en Ostuacán, 18 en Pichucalco y dos en Juárez, pero Pemex informó en febrero de este año que había comenzado la exploración del pozo Sitio Grande, ubicado en Reforma, con la expectativa de encontrar 148 millones de barriles de petróleo crudo.
Sitio Grande, junto con el Campo Cactus, han sido históricamente productivos, desde su descubrimiento entre 1971 y 1972, durante el gobierno del doctor Manuel Velasco Suárez (1970 – 1976), que buscó el apoyo del entonces presidente, Luis Echeverría, para crear en Chiapas una planta petroquímica y construir una nueva y moderna ciudad en el municipio petrolero de Reforma, en donde estaba la producción de gas más importante del país y resarcir así a sus habitantes que de pronto entraron a una escalada inflacionaria como producto de los altos salarios que Pemex pagaba a sus trabajadores, muy por encima de los magros ingresos de la burocracia estatal, particularmente las percepciones de los maestros.
El proyecto de la nueva ciudad de Reforma no fue apoyado por Pemex ni por la federación y lo más que logró el gobernador Velasco Suárez fue impulsar la construcción de Puerto Madero, que se inició el primero de mayo de 1972 y sería inaugurado en 1975 por el presidente Echeverría; además del Aeropuerto de Llano San Juan, cuya inauguración se pospuso hasta principios de los ochenta durante el gobierno de Juan Sabines Gutiérrez. Proyectos que, al tiempo, resultaron un fracaso.
Amir Hernández, reportero del periódico Cuarto Poder, en un trabajo publicado el 2 de junio de 2012, preguntó a la gerencia de Pemex Región Sur a cuánto ascendía el recurso por excedente petrolero que había recibido Chiapas desde el 2000 hasta esa fecha y cómo se aplicaba ese recurso, pero la gerencia respondió que esa información no la tenía disponible Pemex, ya que son recursos federales que otorga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los cuales son auditados por la Secretaría de la Función Pública.
Hasta la fecha, la principal actividad del municipio de Reforma es la petrolera, que concentra al 31.59 por ciento de la población ocupada, mientras que en el sector terciario, relacionado con el comercio y servicios, se ubica 44.6 por ciento, niveles que triplican el promedio del personal empleado en la industria de transformación a nivel estatal y que supera en diez o 20 puntos el terciario.
La población de Reforma en 2020 fue de 44 mil 829 habitantes, lo que significó un crecimiento de 10 por ciento en relación a 2010. Sin embargo, el 42 por ciento de su población se encontraba en situación de pobreza moderada y 14.7 por ciento en pobreza extrema. La población vulnerable por carencias sociales alcanzó 33.4 por ciento, mientras que la población vulnerable por ingresos fue de 2.51%, según datos de Coneval.
Las principales carencias sociales de Reforma en 2020 fueron de acceso a la seguridad social, acceso a los servicios básicos de vivienda y acceso a la alimentación.
En los municipios de Juárez y Reforma, en 2019, se formó el “Movimiento Popular por una Tarifa Preferencial” que aglutinó a más de dos mil personas que exigían a la CFE bajar los costos de la energía eléctrica.
Esta organización, al igual que otra denominada “Dos Valles Valientes” encabezaron una lucha para lograr que se redujeran los costos de consumo de luz que se ofrecía a una población, cansada de pagar altas tarifas por un mal servicio.
Estas movilizaciones mostraron la deuda que tenían muchos ayuntamientos chiapanecos por el consumo de energía eléctrica en oficinas, alumbrado público y pozos de agua, que en el caso de Juárez, ascendía en ese momento a 18 millones 800 mil pesos, que era imposible pagar con el presupuesto municipal. RDM
