El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tiene previsto enviar al menos 10 propuestas de reformas constitucionales al Congreso el próximo mes de febrero, con la intención de consolidar importantes iniciativas antes de su salida de la presidencia el 1 de octubre. Además, busca, según los partidos de oposición, influir en los resultados de las próximas elecciones.
En su conferencia de prensa matutina del martes, López Obrador anunció que presentará «alrededor de 10,» pero posiblemente hasta 20 propuestas al Congreso el 5 de febrero. A través de cambios en la Constitución, su objetivo es aumentar las pensiones para los jubilados, asegurar que los aumentos al salario mínimo superen la inflación, dar a los ciudadanos el poder de elegir a los jueces de la Suprema Corte y otros magistrados, reducir el número de legisladores federales, poner a la Guardia Nacional bajo el control del ejército y eliminar varias agencias gubernamentales autónomas, entre otras iniciativas.
Actualmente, el partido Morena y sus aliados no cuentan con la mayoría de dos tercios en el Congreso que les permitiría impulsar reformas constitucionales sin el apoyo de los legisladores de oposición. Sin embargo, esta situación podría cambiar en septiembre, ya que los ciudadanos votarán para renovar ambas cámaras del Congreso en las elecciones del 2 de junio.
«¿Quién decidirá [si se aprueban las propuestas o no]? La gente, porque va a haber elecciones», afirmó López Obrador el martes.
No obstante, dado que tiene la intención de presentar sus propuestas al Congreso el próximo mes, los legisladores las considerarán durante el actual periodo legislativo, no el próximo, que comenzará el 1 de septiembre cuando los diputados y senadores electos el 2 de junio inicien sus mandatos.
Los principales partidos de oposición – el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) – han indicado que rechazarán las propuestas de López Obrador.
En ese contexto, el periódico El País informó que las iniciativas constitucionales del presidente están «inyectadas con el dardo venenoso de la derrota», pero tienen el potencial de ser la «bandera electoral» del partido gobernante, ya que la aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, y otros aspirantes políticos respaldados por Morena, harán campaña en todo México.
Si las reformas propuestas son rechazadas por el Congreso durante el periodo de campaña, López Obrador demostrará efectivamente que sus iniciativas solo pueden aprobarse si los votantes respaldan masivamente a los candidatos del partido Morena el 2 de junio. Podría volver a presentar sus propuestas de reforma constitucional en septiembre, su último mes en el cargo, si Morena y sus aliados logran obtener una mayoría de dos tercios en el Congreso en las próximas elecciones.
Legisladores del PAN, PRI y PRD, que forman una alianza política que respalda a Xóchitl Gálvez en la elección presidencial, han afirmado que el objetivo del presidente al presentar su paquete de reformas constitucionales es influir en los resultados de las próximas elecciones.
María Elena Pérez-Jaén, diputada del PAN, Rubén Moreira, diputado del PRI, y Luis Espinoza, diputado del PRD, son algunos de los legisladores que han expresado tales afirmaciones.
Espinoza sostuvo que López Obrador está lanzando una «bola de fuego electoral» y declaró que sus propuestas de reforma no pasarán en el Congreso. «No se moleste en enviarlas», añadió.
Plan para Eliminar Organismos Autónomos Enfrenta una Oposición Significativa
La propuesta de reforma que ha generado más controversia esta semana es el plan de López Obrador para disolver los organismos autónomos, un objetivo del que ha hablado mucho, pero que no ha logrado alcanzar.
«En el paquete de iniciativas de reforma, voy a proponer que todas estas organizaciones que se crearon para proteger a individuos y [afectar negativamente] el interés público desaparezcan», dijo el presidente el jueves.
El viernes, López Obrador dijo que su objetivo era disolver alrededor de 10 organismos autónomos «que se crearon para legalizar la corrupción».
Entre aquellos que le gustaría ver disueltos se encuentran el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía.
López Obrador elogió el ahorro que vendría al deshacerse de organismos autónomos «facciosos, engorrosos [y] impopulares», aunque dijo el viernes que «no vamos a despedir a nadie» porque los empleados serán absorbidos por otros departamentos gubernamentales.
El presidente ha enfrentado oposición generalizada a su plan de eliminar organismos gubernamentales autónomos, y esta semana no fue diferente.
«López Obrador se estrellará porque México tiene al Partido Acción Nacional y no permitiremos su sueño dorado de ‘mandar a las instituciones al infierno'», escribió Marko Cortés, presidente nacional del PAN, en la plataforma X.
«Nuestro país no es una dictadura. Los organismos autónomos son un contrapeso fundamental para nuestra democracia. … Presidente, deje de intentar destruir todo lo que le resulta incómodo, le critica o le impide obtener más poder», añadió.
Miguel Flores Bernés, presidente de la comisión de competencia económica en la filial mexicana de la Cámara Internacional de Comercio, dijo que Cofece, la agencia antimonopolio de México, es de hecho un «aliado» del presidente, ya que está «luchando todos los días para desmantelar todos los acuerdos … entre empresarios para subir los precios».
Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, también criticó el plan de López Obrador, argumentando que los organismos autónomos protegen una variedad de «derechos fundamentales» de los ciudadanos.
En lugar de deshacerse de tales entidades, «necesitamos fortalecerlas», dijo José Abugaber, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, añadiendo que hacerlo beneficiaría la «transparencia y la vida democrática» en México.
Otras Propuestas de Reforma de AMLO
López Obrador afirma con frecuencia que el sistema judicial de México está «al servicio de una minoría codiciosa y corrupta» de la sociedad mexicana y de los «conservadores» partidos políticos del país.
Sostiene que el sistema judicial de la nación necesita una revisión completa y cree que permitir a los ciudadanos elegir a los jueces de la Suprema Corte y otros magistrados es una parte clave de ese proceso.
Los ciudadanos comunes deben contribuir a la «renovación» del poder judicial, dijo López Obrador al hablar sobre su propuesta en mayo pasado. «La gente es la que puede purificar la vida pública», añadió.
Arturo Zaldívar, exjuez de la Suprema Corte que renunció a ese cargo para unirse a la campaña de Sheinbaum, expresó su apoyo a la propuesta a principios de esta semana, pero dijo que solo personas adecuadamente calificadas deberían poder postularse para puestos judiciales.
La propuesta de López Obrador de cambiar la Constitución para permitir que el ejército tome el control de la Guardia Nacional busca restaurar un estado previo.
El gobierno puso la fuerza de seguridad bajo el completo control del ejército a finales de 2022, después de que el Congreso aprobara legislación que le permitiera hacerlo, pero la Suprema Corte dictaminó en abril pasado que la transferencia de responsabilidades del Ministerio de Seguridad al Ministerio de Defensa era inconstitucional.
La propuesta del presidente de reducir el número de legisladores al eliminar a los diputados y senadores plurinominales, puestos asignados proporcionalmente a los partidos que obtienen el respaldo de al menos el 2% de los votantes, fue parte de su ambicioso paquete de reforma electoral que fue rechazado por el Congreso a finales de 2022.
Posteriormente, López Obrador logró aprobar su propuesta de reforma electoral «Plan B», pero fue anulada por la Suprema Corte a mediados del año pasado.
A principios del próximo mes, el presidente también planea presentar propuestas al Congreso relacionadas con la austeridad gubernamental, el sistema ferroviario nacional —en el que espera que los trenes de pasajeros circulen
