Seguridad

Liberan al General acusado en el caso Ayotzinapa: ¿Qué significa para el proceso judicial?

En un giro controvertido del caso Ayotzinapa, el General José Rodríguez Pérez, acusado de estar implicado en la desaparición de los 43 normalistas en 2014, ha sido liberado tras dos años de prisión preventiva en el Campo Militar 1-A. La decisión del juez de revocar la medida cautelar se produjo después de una audiencia prolongada que concluyó el sábado 6 de julio.

Rodríguez Pérez, quien enfrenta acusaciones de delincuencia organizada y presuntamente haber ordenado la ejecución de seis estudiantes aquella fatídica noche en Iguala, Guerrero, podrá ahora salir de prisión bajo libertad condicional. Sin embargo, no queda exento de responsabilidad: se le impuso una multa de 50 mil pesos y deberá presentarse a firmar cada quince días. Además, se le prohibió salir del país y acercarse a las víctimas o testigos del caso.

El juez que tomó la decisión argumentó que no existían motivos suficientes para justificar la continuidad de la prisión preventiva, negando que exista riesgo de fuga o de obstrucción a la justicia por parte del General Rodríguez Pérez. Esta liberación se suma a la de otros militares involucrados en el caso, como Rafael Hernández Nieto, quien también fue liberado bajo condiciones similares tras recibir un amparo en 2023.

El General Rodríguez Pérez fue identificado como comandante del 27 Batallón de Infantería en 2014, periodo en el que se produjo la desaparición de los normalistas. Según los informes, se le atribuye haber dado la orden de atacar a los estudiantes, así como tener vínculos con el Cártel Guerreros Unidos, grupo criminal implicado en el caso.

Actualmente, solo tres militares permanecen en prisión preventiva por el caso Ayotzinapa: el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Pirita Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel. La liberación de Rodríguez Pérez ha avivado el debate sobre la justicia en México y la persecución de los responsables de uno de los crímenes más notorios y dolorosos en la historia reciente del país.

La comunidad y los familiares de los 43 normalistas continúan exigiendo verdad y justicia, mientras los procesos legales siguen su curso con nuevas interrogantes sobre la efectividad del sistema judicial mexicano en casos de esta magnitud.

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