En opinión de Antonio Ortigoza Vázquez  
 Malas noticias para Gerardo Sosa: La Presidenta pide analizar dudoso sobreseimiento a su favor  

*  El pasado 26 de septiembre, el juez de control del Penal del Altiplano, Gregorio Salazar, determinó sobreseer el caso en contra del líder de la llamada “Sosa Nostra” que mantiene secuestrada a la UAEH desde hace más de tres décadas; la Dra. Claudia Sheinbaum se refirió a la sospechosa sentencia y dijo que debe analizarse a detalle. Para Gerardo Sosa como para el juzgador, la reconvención presidencial resulta lapidaria si se considera el entorno de la Reforma al Poder Judicial, donde se exige un cambio a fondo de jueces corruptos que se burlan del Estado de Derecho

#SILOGISMOS 

Por Antonio Ortigoza Vázquez / @ortigoza2010

Especial de Expediente Ultra

Las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera del pasado 18 de octubre, al proponer un análisis a detalle del sospechoso sobreseimiento que el juez de control del Penal del Altiplano, Gregorio Salazar Hernández, otorgó a favor de Gerardo Sosa Castelán, cabeza de la llamada Sosa Nostra, no pueden ser más lapidarias; tanto el juzgador que cambió de criterio jurídico de manera insólita, como el mafioso capo que ha mantenido secuestrada  la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), por más de tres décadas, corroboran que no hay crimen ni cochupo perfecto en el Segundo Piso de la 4T.

El tema ya es asunto nacional y queda inscrito en el cuestionado papel de muchos jueces corruptos que están haciendo hasta lo imposible para tratar de frenar –aunque sin mucho éxito–, la Reforma al Poder Judicial. Salazar Hernández escogió el peor momento para manipular la técnica jurídica de un caso de clara defraudación a las arcas de la Máxima Casa de Estudios Hidalguense, que mediante una ilegal triangulación en bancos del extranjero, constituyó un lavado de dinero inmerso en el delito de delincuencia organizada.

Hasta para un pasante de derecho, es fácil determinar como una franca aberración jurídica el hecho de que el mismo juez que vinculó a proceso a Gerardo Sosa el 6 de septiembre del 2020, seis días después de haber sido detenido en la CDMX y haberse cumplido el plazo de ley para negarle u otorgarle su libertad bajo fianza, ahora determinara el 26 de septiembre pasado –justo a unos días de concluir el sexenio de Andrés Manuel López Obrador–, declararlo inocente de todos los cargos que en su momento le hicieron con abundantes pruebas, tanto la Fiscalía General dela República (FGR), como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Le asiste la razón a la Presidenta cuando habla de la necesidad de revisar tal caso, pues según el juzgador que en sus cuestionables antecedentes inmediatos se le endilgan otorgar beneficios de libertad a ex funcionarios de Segalmex y Liconsa, entidad que el sexenio que acaba de terminar enfrentó faltantes en su presupuesto superiores a los 10 mil millones de peso, ahora sucede que el mafiosos ex priísta es todo un ciudadano impoluto y honorable, casi una blanca paloma, pues.

Sobreseer sin sustento, como lo dijo la Jefa del Ejecutivo, demuestra que en verdad el Poder Judicial requiere una purga a fondo y, en consecuencia, una investigación del propio Consejo de la Judicatura Federal para deslindar responsabilidades al mencionado juez de control, porque al parecer el ahora vergonzante caso, tuvo línea del más alto nivel para exonerar al líder de la “Sosa Nostra”.

Si se sigue el hilo conductor de la sentencia absolutoria, no es difícil presuponer de dónde ha venido el manto protector de Sosa Castelán. Veamos:

El 3 de febrero del 2022, el juez determinó cambiar la medida cautelar por prisión domiciliaria, argumentado el estado de salud del procesado. Qué se sepa, estos casos de excepción no son comunes en un penal de alta seguridad como El Altiplano. Pero Gregorio Salazar, así lo determinó.

Hasta aquí algo ya olía mal, pero comenzó a apestar cuando en el pasado proceso de elección interna de Morena, el entonces precandidato, Adán Augusto López, fue “balconeado” como el promotor de tal inusual beneficio a Sosa Castelán.

Para ser precisos, fue el 12 de julio del 2023 cuando durante un acto de su campaña en busca de la postulación presidencial de Morena, el rector de la UAEH, Octavio Castillo Acosta, marioneta de la “Sosa Nostra”, agradeció de manera pública y sin ambages, Adán Augusto, haber intervenido como Secretario de Gobernación, para que el capo saliera del penal de alta seguridad a seguir su pena en prisión domiciliaria.

En el Salón La Garza, Castillo y demás secuaces de la “Sosa Notra” corearon a todo pulmón la consigna a favor del ex Secretario de Gobernación: ¡Presidente, presidente, presidente¡

Poco a poco y de manera subrepticia, Salazar Hernández fue otorgando más concesiones a Gerardo Sosa, olvidando el cúmulo de pruebas aportadas a la causa 263/2020 que él conocía mejor que nadie, de tal suerte que el pasado 24 de mayo lo liberó de su prisión domiciliaria, obligándolo solo a portar un brazalete.

¿Realmente estuvo detrás de los beneficios a contracorriente la ley, el fallido candidato presidencial y hoy líder del Senado?

Si nos remitimos al axioma de que en política la forma es fondo, la presunción de que al juzgador le marcaron línea, se fortalece. Pero el caso se torna en papa caliente ahora que es la propia Presidenta Claudia Sheinbaum quien destapa la monumental irregularidad del juzgador a favor de un personaje que apenas se sintió exonerado, instruyó a sus incondicionales como el rector Castillo a desacatar la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos de Humanos de Hidalgo, e incluso a demandar a su titular, a raíz de las las agresiones sufridas por los estudiantes del Instituto de Ciencias, a manos de porros y golpeadores de la mafia universitaria, en septiembre del pasado año.

Ahora juzgador y exonerado van a empezar a padecer insomnio y sudar frío porque desde Palacio Nacional ya se puso al descubierto lo que se antoja a un descarado e ilegal tráfico de influencias que justifica el por qué de la Reforma al Poder Judicial. Porque ni Gerardo Sosa es honesto ni inocente, ni el juez Gregorio Salazar tiene una pizca de imparcial. El asunto se antoja de pronósticos reservados porque si al juez de control le llega la lumbre a los aparejos, la quemazón puede alcanzar al líder senatorial, porque en el Segundo Piso de la 4T, parece que se acabaron las complicidades y flagrantes violaciones a la ley.