En opinión de José Alberto Sánchez Nava  
 Marbury vs. Madison y La Supremacía Legislativa en México  

José Alberto Sánchez Nava

«Una Constitución solo es tan sólida como el poder judicial que la protege; cuando sucumbe a intereses políticos, los derechos humanos y el Estado de derecho quedan a merced de la arbitrariedad.»

1. El Precedente de Marbury vs. Madison y la Defensa del Orden Constitucional

El caso Marbury vs. Madison de 1803 estableció un principio revolucionario en la historia del derecho constitucional: “La Revisión Judicial”. Gracias a esta sentencia, el Poder Judicial estadounidense adquirió la capacidad de invalidar cualquier ley o acto del Poder Ejecutivo que contraviniera la Constitución, sentando las bases de un poder judicial autónomo e independiente. Este modelo de revisión ha sido una referencia en sistemas democráticos, donde la imparcialidad y autonomía del Poder Judicial aseguran la protección del Estado de derecho y de los derechos humanos. En México, este principio es más relevante que nunca, ya que la independencia judicial es el único freno efectivo a los intentos del Ejecutivo de consolidar un poder centralizado y autoritario.

2. La Situación en México: Una Legislatura Sin Controles y Riesgos a los Derechos Humanos

Actualmente, México enfrenta una crisis constitucional donde el Congreso, con una mayoría sobrerrepresentada y afín al poder ejecutivo, está promoviendo reformas que buscan debilitar la independencia del Poder Judicial. Con efectos negativos hacia los derechos humanos tutelados en los artículos 1° y 4° de la Constitución, que protegen el derecho a la salud, la vida y la dignidad humana frente a los abusos del poder, y que se se ven amenazados ante esta nueva ola de reformas que buscan limitar las competencias judiciales. El desabasto de medicamentos para tratamientos contra enfermedades catastróficas, que afecta a sectores vulnerables como los niños con cáncer, mujeres con cáncer cérvico uterino y de mama, etc., aunado a la eliminación de las normas oficiales para prevenir y tratar dichas enfermedades, evidencia la repercusión directa de estas políticas en los derechos humanos. La falta de acceso a la atención médica, producto de decisiones ejecutivas, representa una violación al principio de progresividad y deja en riesgo la vida de los ciudadanos más indefensos.

3. La Politización del Poder Judicial y el Camino al Autoritarismo

Uno de los proyectos de la actual administración, propuesto bajo la bandera de la “democracia participativa”, es la elección de jueces y magistrados por voto popular. En apariencia, esto podría interpretarse como un avance democrático; sin embargo, es un mecanismo que amenaza con someter al Poder Judicial a intereses partidistas. Un poder judicial politizado no puede desempeñar su rol de contrapeso y quedaría expuesto a presiones e influencias que comprometerían su imparcialidad. Además, con un Poder Judicial sometido a los intereses del Ejecutivo, el crimen organizado y actores económicos poderosos verían facilitada su influencia en las decisiones judiciales, poniendo en peligro la seguridad nacional y el estado de derecho, prevaleciendo el poder en entes autoritarios quienes consumen más de lo que producen en términos humanitarios, y de quienes con actividades ilícitas como el crimen organizado se corre el riesgo de que quien gobernará a México será una amalgama de intereses ilícitos para dar paso a un autoritarismo en nombre del pueblo bueno.   

4. La Manipulación del Artículo 39 Constitucional y los Peligros del Populismo Jurídico

El artículo 39 de la Constitución mexicana establece que la soberanía reside en el pueblo, quien tiene el derecho inalienable de modificar su gobierno. Sin embargo, este principio ha sido utilizado como justificación para impulsar reformas que buscan concentrar el poder en una sola figura. La invocación del “mandato popular” para socavar la soberanía constitucional y justificar reformas que afectan los derechos fundamentales es un ejemplo claro de la distorsión populista. La doctrina de Marbury vs. Madison nos recuerda que la Constitución es la ley suprema y debe estar protegida de abusos de poder que, aunque se presenten como voluntades populares, atentan contra el Estado de derecho.

5. El Intento Fallido de Blindar Reformas Inconstitucionales en México

Uno de los intentos más peligrosos de la administración actual fue la propuesta de reforma al artículo 1° constitucional respecto al control convencional en materia de derechos humanos contenidos en los tratados internacionales. Esta reforma, que buscaba blindar reformas constitucionales contra cualquier tipo de impugnación incluyendo el atentado a los derechos humanos, sin embargo fue retirada ante la presión nacional e internacional. Sin embargo, la propuesta dejó claro el objetivo: limitar los mecanismos de control y revisión constitucional que protegen los derechos humanos. Este intento de modificar el marco normativo sin respetar los tratados internacionales ni los compromisos de derechos humanos es una clara violación al principio pro-persona, que exige la protección más amplia para los individuos.

6. La Defensa de la Constitución: La Lección de Marbury vs. Madison

El caso de Marbury vs. Madison nos recuerda que la existencia de un Poder Judicial fuerte y autónomo es fundamental para preservar la integridad de la Constitución. La reciente manipulación legislativa en México pone en riesgo la piedra angular de la democracia. La Constitución, como pacto social, debe estar protegida de cualquier intento de abuso, y cualquier reforma que busque debilitar el control de convencionalidad o la protección de los derechos fundamentales debe ser rechazada en defensa del Estado de derecho. El artículo 1° constitucional y los tratados internacionales de derechos humanos son inalienables, y su respeto es esencial para garantizar una justicia imparcial.

7. Reflexión Final: El Futuro de México y la Defensa de los Derechos Fundamentales

La independencia judicial es el último bastión que protege a los ciudadanos del abuso de poder. Si el Poder Judicial en México cae bajo el control de intereses políticos, el Estado de derecho estará en riesgo, y los derechos humanos serán solo letra muerta en una Constitución vacía. La lección de Marbury vs. Madison es clara: el control de constitucionalidad es el escudo más poderoso para proteger a los ciudadanos, y es responsabilidad de la sociedad y las instituciones garantizar que el Poder Judicial siga siendo el guardián de la supremacía constitucional en México. Sin un Poder Judicial independiente, la justicia no será más que una herramienta al servicio de los poderosos, dejando a los ciudadanos desprotegidos y a merced de la arbitrariedad.