Redacción MX Político.- La primera vez que B-Drive It se presentó a una licitación y ganó fue el 30 de julio del 2018, según datos consultados por la organización. En aquella ocasión, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) notificó a dicha empresa y a Totalsec, la compañía que presentó una propuesta en conjunto, que ganaron el concurso para proveer a la dependencia de “servicios administrados de seguridad para la infrasestructura tecnológica” por 2.6 millones de pesos.
Para 2019 B-Drive IT obtuvo 62.9 millones de pesos en cinco contratos de los cuales tres de ellos los obtuvo en conjunto con otras empresas y dos más de forma independiente. Ya para 2020 la mencionada compañía consiguió el contrato más alto que ha tenido desde sus inicios como proveedor hasta ahora, con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes por 250 millones de pesos.
Dicho último contrato fue para dar servicio integral de gestión para un centro de datos de la dependencia y lo obtuvo por medio de una licitación pública en la que participó en consorcio con otras siete empresas, alguna líderes en el sector de telecomunicaciones.
De los 55 contratos que entre 2020 y 2022 ha obtenido B-Drive It con el actual gobierno federal, 48 los ha obtenido con propuestas individuales, por un total de 393.5 millones de pesos; otros cinco los obtuvo por consorcio con dos o más compañías por 402.2 millones de pesos.
Entre 2020 y 2022 las dependencias que mayor monto de recursos asignaron en contratos en los que participa B-Drive It destacan la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (250 millones 43 mil 391 pesos), el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (89 millones 682 mil 76 pesos), Instituto Nacional de Antropología e Historia (86 millones 36 mil 934 pesos), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (74 millones 43 mil 720 millones), Secretaría del Bienestar (71 millones 986 mil 601 pesos), Secretaría de Economía (61 millones 813 mil 758 pesos), la Comisión Nacional Forestal (39 millones 705 mil 56 pesos), el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (39 millones 168 mil 804 pesos), entre otras.
De funcionaria pública a apoderada de B-Drive It
Información de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señala que Claudia Elena Pérez García trabajó hasta el 31 de octubre de 2019 como Subdirectora de Área en la Coordinación General de Administración de la Oficina de la Presidencia.
A lo largo de 11 meses fue subordinada del área que está a cargo Alejandro Esquer, secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador, según lo corroborado en el organigrama oficial por la organización civil.
Dentro de las funciones que Claudia Elena Pérez García desempeñaba en dicho cargo público destacaba la supervisión de las licitaciones y adjudicaciones de contratos, según lo expuesto por ella misma en su última declaración patrimonial.
No fue sino hasta agosto de 2020, 10 meses después de haber dejado su cargo en la Presidencia, que Claudia Elena Pérez García se integró como apoderada de B-Drive It, empresa de tecnología que fue constituida el 21 de diciembre de 2016 en la Ciudad de México y que tiene como socios a Moisés Emilio Barredo Villareal y a José Guillermo Chávez Ayala.
Durante sus primeros años de operación, es decir de 2016 a 2017, B-Drive It no obtuvo contratos gubernamentales, no obstante, de 2018 a 2019 la empresa sumó siete asignaciones por 66.5 millones de pesos, de acuerdo con los registros disponibles en el sitio de compras públicas CompraNet y la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
El crecimiento de dicha compañía se disparó en 2020, año en el que la exfuncionaria de la Presidencia se incorporó a la empresa, pues el monto conjunto de los contratos se multiplicó más de 10 veces al pasar de 66.5 millones de pesos en el periodo 2019-2019 a 735.5 millones de pesos entre 2020 y 2021. En lo que va de 2022 la compañía ha obtenido más asignaciones por 92.3 millones de pesos, de acuerdo con información oficial obtenida por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Irregularidades con la Ley de Responsabilidades
Dentro del organigrama de la empresa B-Drive It también figura como apoderado legal Héctor Sergio Mendoza Ortiz , otro exfuncionario federal que estaba encargado de las adjudicaciones y licitaciones en la Coordinación General de @prende.mx, instancia encargada de aplicar los programas educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Héctor Sergio Mendoza Ortiz dejó el cargo de director de área en @prende.mx en febrero de 2019 y para agosto de ese mismo año ya firmaba como apoderado legal de la mencionada empresa de tecnología en una licitación con el Gobierno de la Ciudad de México.
Tanto Héctor Mendoza como Claudia Pérez no esperaron los 12 meses que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas que deben para incursionar en ámbitos relacionados al cargo que dejaron, lo cual podría constituir en un conflicto de interés, de acuerdo con lo señalado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
La mencionada ley expone en su artículo séptimo, fracción XI, que cualquier funcionario debe separarse de intereses económicos que pudieran constituir conflicto de interés hasta por un año posterior a haberse retirado del empleo, cargo o comisión.
jpob
