Oaxaca es el único estado del país que sanciona la ejecución extrajudicial
Redacción Oaxaca Político / NVI Noticias.- En Oaxaca el delito de ejecución extrajudicial fue tipificado apenas en junio de 2024 por la 65 Legislatura del Congreso de Oaxaca y lo sanciona con 50 a 70 años de cárcel, aunque puede alcanzar entre los 66 y 93 años de prisión si la víctima es defensora de los derechos humanos.
La entidad fue la primera en incluirlo en su código penal y hasta el momento la única del país que lo considera en su Código Penal.
El dictamen aprobado en su momento señala que: “Comete el delito de ejecución extrajudicial el integrante o miembro de cualquier corporación de seguridad pública estatal o municipal que, estando en ejercicio de su cargo, actuando arbitrariamente o con abuso o exceso de fuerza, prive de la vida a una o más personas; así como cualquier persona que, con el consentimiento, aprobación, orden o apoyo de cualquier servidora o servidor público estatal o municipal, prive de la vida a una o más personas”.
Para la defensora de derechos humanos y abogada oaxaqueña, Yésica Sánchez Maya el hecho de que los policías presuntos responsables del asesinato de Diego Ignacio Paz enfrenten el proceso bajo el delito de ejecución extrajudicial, representa un precedente importante en la lucha contra el abuso policial.
Sin embargo, advirtió que la Fiscalía del Estado debe actuar con extrema precisión para evitar errores que puedan debilitar el proceso judicial.
«El caso de Diego no es aislado, es una realidad histórica y dolorosa en Oaxaca. La Fiscalía debe realizar un trabajo exhaustivo y pulcro, ya que cualquier error en la integración de la investigación podría permitir que los responsables queden libres», señaló Sánchez Maya. También enfatizó que la correcta aplicación de justicia en este caso es crucial, no solo para honrar la memoria de Diego, sino para marcar un límite ante el abuso policial.
Sánchez Maya destacó que, aunque se ha detenido a los policías presuntamente involucrados, es esencial que se investigue toda la cadena de mando, incluidas las autoridades superiores, como el presidente municipal de Santa Lucía, para que la justicia sea completa.
«No puede ser que solo se sancione a los ejecutores materiales. Se necesita que toda la estructura de mando, incluido el presidente municipal, sea sancionada. De lo contrario, sería una justicia simulada», afirmó.
El trabajo de la Fiscalía, junto con el Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo, debe estar a la altura de las circunstancias para evitar un retroceso que afecte tanto a la familia de Diego como a la sociedad en general, manifestó.
«Estamos bajo la lupa. Oaxaca ha dicho basta al abuso policial, y este caso representa una oportunidad para marcar un precedente a nivel nacional en la lucha contra la violencia de Estado«, subrayó.
GPP
