Diversas organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, han levantado su voz en un llamado urgente por la libertad de la activista guerrerense Kenia Hernández, quien ha estado presa durante cuatro años. Raymundo Díaz Taboada, del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTyI), compartió un comunicado que expresa “nuestra profunda preocupación por la continua criminalización en contra de la defensora”.
En el documento, fechado el 18 de octubre de 2024 en la Ciudad de México y Ginebra, las organizaciones resaltan que Kenia Hernández ha sido “injustamente privada de su libertad” por más de 1,450 días. Durante este tiempo, ha enfrentado múltiples violaciones a sus derechos, incluidos el debido proceso y el acceso a atención médica, además de sufrir discriminación por su género y su identidad como indígena amuzgo.
Kenia es cofundadora del Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos de Guerrero (MOLPPEG) y del Colectivo Libertario Zapata Vive, que trabaja con jóvenes en la costa guerrerense. Su detención inicial ocurrió el 7 de junio de 2020 en el Estado de México, donde fue acusada de “robo con violencia”, un delito que niega haber cometido. Tras un breve período de libertad bajo medidas cautelares, fue arrestada nuevamente el 18 de octubre de 2020, sin orden judicial, durante una manifestación en la caseta La Hortaliza.
Desde entonces, la activista ha acumulado múltiples procesos legales, sumando hasta nueve acusaciones por delitos que, según las organizaciones, son utilizados para criminalizar la protesta social. “El caso de Kenia Hernández es un ejemplo del hostigamiento que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en México”, se indica en el comunicado.
Durante su tiempo en prisión, Kenia ha sido trasladada a tres diferentes penales y al Centro Federal Femenil de Reinserción Social Nº 16 en Morelos, donde realizó dos huelgas de hambre para exigir mejores condiciones de reclusión. Las irregularidades en sus procesos judiciales han sido evidentes, lo que ha intensificado el clamor por su liberación.
Las organizaciones firmantes, entre ellas Frayba, Mocri, y CIVICUS, demandan no solo la libertad inmediata de Kenia, sino también el cese de la criminalización de defensores de derechos humanos en México, especialmente de mujeres indígenas. “Es momento de saldar la deuda histórica que hay con Kenia Hernández y garantizar su derecho al debido proceso con perspectiva de género”, concluyen.
