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Patada brutal a la ley: Beatríz Pagés
La intentona de reforma que presentó Morena para impedir que las reformas constitucionales sean impugnadas mediante amparos o controversias es un golpe brutal a la democracia y a los derechos humanos.
Una enmienda de este tipo solo ha transitado en las dictaduras más crudas, crueles e inhumanas.
Convertiría a cada mexicano en víctima de un Estado represor dispuesto a poner punto final a las libertades. El partido mayoritario se convertiría en dueño de la vida y el patrimonio de todos.
Difícil entender que la primera mujer al mando del gobierno coquetee con este tipo de propuestas.
El viernes 18 de octubre hubo un terremoto que cimbró los cimientos de la República. El epicentro se localizó en Palacio Nacional. Bastó una sola frase de la Presidenta para confirmar que en México ya no hay Estado de derecho: “No vamos a bajar la publicación”, dijo.
Sheinbaum respondió así a la instrucción de una jueza que ordenaba a Presidencia de la República eliminar del Diario Oficial de la Federación la publicación de la reforma judicial por ser resultado de un proceso legislativo ilegal.
Costaba trabajo creer lo que escuchábamos. La máxima autoridad del país ordenaba ignorar la ley. No era un transgresor, no era un asaltante o jefe de pandilla el que daba la instrucción, era la primera mandataria de la nación.
Las consecuencias van a ser únicas e impredecibles. La señal es escalofriante y eriza la piel. Es un llamado a la desobediencia, a la barbarie y a la anarquía. Significa que ahora cada quien podrá hacer lo que le plazca.
La traducción política de “No vamos a bajar la publicación” o de “Ni una juez ni ocho ministros pueden parar la voluntad del pueblo de México”, es todavía más preocupante.
Significa que en México termino de nacer un régimen totalitario, sin división de poderes, que repudia y aplasta la autonomía de los tribunales, con verdades únicas e incuestionables que serán “ley”, por más arbitrarias que sean, por el sólo hecho de venir de quien ostenta el poder.
La candidata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris le acaba de decir a los ciudadanos norteamericanos: “Nunca nadie más puede estar por encima de la ley”.
Pues en México sucede exactamente lo contrario. Aquí se dice que el “pueblo” está por encima de la Constitución. “Pueblo” –en el vocabulario de la 4T– es el gobierno y el partido Morena. Los que votan y aplauden al régimen. La clientela política.
El “pueblo” son ellos, los que hoy controlan el Congreso, los 24 gobernadores de Morena, los servidores de la nación y hasta los narcos. El mismo López Obrador lo escribió en piedra: El narco es pueblo. Toda esa camada cree ser moral y políticamente superior, con derecho a romper todo.
Desde la Presidencia se dijo a los mexicanos que los servidores públicos ya no están obligados a someterse a la legalidad, que ahora lo que importa y vale es la voluntad arbitraria, personalista y autocrática de mandatarios, mandatarias o funcionarios.
Ante el desacato a la ley, la dictadura de las balas se empodera. La violencia está desbordada y comienza a tener rostro de guerra civil. Ahí está Sinaloa, Michoacán, Tamaulipas, pero ahí también está Chiapas.
El mismo periódico La Jornada, cercano al régimen, lo denuncio: “Chiapas es un polvorín. Secuestros, asesinatos, amenazas de muerte y bloqueos se extienden por todo el territorio”.
Asesinar en México se ha convertido en una práctica fácil y frecuente. Es consecuencia de acabar con el Estado de derecho. “Mandar al diablo” a los jueces también es una forma de dar abrazos y no balazos a los delincuentes.
