Piden revisar operativos y retenes policiales en Oaxaca tras asesinato de universitario
Redacción Oaxaca Político / El Universal.- Los organismos de la sociedad civil que conforman la Plataforma de Derechos Humanos exigieron la revisión de protocolos y prácticas policiales en el estado de Oaxaca, para garantizar que estén alineados con los principios de derechos humanos y evitar que se repitan hechos como el asesinato del joven estudiante Diego Paz a manos de policías municipales de Santa Lucía del Camino durante un operativo de alcoholímetro.
También solicitaron la implementación de medidas efectivas de protección para garantizar la seguridad y protección de las víctimas, sus familiares y los testigos de estos hechos, a fin de evitar represalias y asegurar que sus derechos sean plenamente respetados.
“Los organismos de derechos humanos que integramos la Plataforma de Derechos Humanos Oaxaca, manifestamos nuestra más profunda preocupación y enérgica condena ante los recientes hechos de violencia y abuso de poder perpetrados por elementos de las fuerzas policiales en Santa Lucía del Camino, Oaxaca.
“Hemos conocido de información pública, alarmantes actuaciones de abusos policiales, actos de tortura y ejecuciones arbitrarias, situaciones que constituyen graves violaciones a los derechos humanos en ese y otros municipios conurbados de Oaxaca de Juárez”.
Las organizaciones señalaron que en un Estado democrático de derecho, el respeto a la dignidad humana, la vida y la integridad física y psicológica de todas las personas es un pilar fundamental. La policía, como garante del orden y la seguridad, tiene la obligación de actuar en estricto apego a la ley y los principios de proporcionalidad, necesidad y humanidad en el uso de la fuerza.
Sin embargo, denunciaron que los acontecimientos recientes indican un preocupante alejamiento de estos principios, resultando en un clima de temor e impunidad en la zona.
Y exigieron que se inicien investigaciones inmediatas, imparciales y exhaustivas sobre los actos de abuso, tortura y ejecuciones arbitrarias denunciadas.
GPP