En un sorprendente caso de corrupción, tres policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de México fueron detenidos por su participación en un robo de casi ocho millones de pesos a una empresa en Tlalnepantla. El incidente, que ocurrió el 7 de agosto, involucró un cateo simulado, ya que no existía una orden judicial para llevar a cabo la operación.
La empresa afectada, Empacadora Las Polvillas y Distribuidora Vassa Divassa, reportó el robo alrededor de las 17:00 horas. Según la denuncia presentada por la apoderada legal de la empresa, un grupo de individuos armados y encapuchados entró al negocio, sometió a los empleados, y se llevó aproximadamente nueve millones de pesos.
El Ministerio Público inició una investigación tras recibir la denuncia. La pesquisa reveló que la operación de cateo no estaba autorizada oficialmente. La Fiscalía Regional de Tlalnepantla verificó con varias instancias de la FGJ y confirmó que no había ningún operativo en curso en esa área.
Durante la investigación, se encontró que el jefe de turno de la policía municipal había recibido una solicitud de apoyo para seguridad perimetral por parte de los policías de investigación. Sin embargo, los vehículos involucrados no tenían placas y los agentes no estaban en patrullaje oficial.
Un mando policial indicó que los agentes involucrados, Hugo y Demetrio, habían solicitado apoyo para llevar a cabo el cateo en una calle de la colonia La Romana, pero la operación no fue comunicada a sus superiores. Otro agente, Juan Pablo, también estuvo implicado, tratando de reclutar a un servidor público para la operación falsa.
Con base en la investigación, se localizó un vehículo que contenía siete millones 880 mil 650 pesos, que fueron recuperados y devueltos a la apoderada legal de la empresa. La entrega se realizó en presencia del propietario de la empresa, y se utilizaron facturas para verificar la capacidad económica de la parte afectada.
Finalmente, se emitió una orden de aprehensión contra los tres agentes involucrados: Hugo Humberto, Juan Pablo y Javier, por su probable participación en el robo con violencia y en un lugar cerrado. Este caso destaca un grave abuso de poder y la vulnerabilidad del sistema judicial ante la corrupción interna.
