Policías de Sonora entregan a persona a sujetos armados quienes lo torturan y violan
En un hecho estremecedor, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora ha emitido la recomendación 4/2024 denunciando la participación de policías municipales de Agua Prieta en la entrega de una persona a un grupo de sujetos armados, quienes la sometieron a torturas físicas, psicológicas y violación sexual en noviembre de 2020.
Según el relato de los hechos, el 7 de noviembre de ese año, la víctima, cuya identidad se mantiene en reserva, transitaba por las calles de Agua Prieta cuando fue detenida por los efectivos policiales. Bajo el pretexto de que tenía similitud física con otra persona, los policías le realizaron una inspección a su vehículo y le informaron que sería interrogado en la comandancia, pero en su lugar, «lo entregaron a particulares armados».
Los sujetos armados vendaron a la víctima, la esposaron y comenzaron a golpearla, mencionándole que se parecía a alguien. Posteriormente, fue trasladada a otro lugar donde continuaron las torturas y golpes. En el tercer sitio, la víctima fue arrodillada y golpeada con una tabla en la espalda y cabeza cada vez que le preguntaban sobre un hecho en particular. Finalmente, fue violado vía anal y devuelto a los policías municipales.
Según la recomendación, la persona estuvo secuestrada o privada de su libertad del 7 al 10 de noviembre. Al ser llevado ante el ministerio público, se le negó la solicitud de realizar una llamada y se le obligó violentamente a firmar documentos (declaración confesional).
Posteriormente, fue trasladado nuevamente al lugar de torturas para ser sometido a tortura psicológica y luego llevado a la comandancia, donde conoció los delitos por los que se le acusaba y a su presunto cómplice.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos aseguró que existen diversos elementos para considerar que se practicó tortura física y psicológica, con la participación de policías municipales y funcionarios ministeriales que no investigaron los hechos.
Este caso se enmarca en un contexto de violencia generalizada en el país. Según el libro «Permiso para matar», durante los últimos tres administraciones presidenciales se han registrado 1,824 crímenes de Estado, lo que representa un crimen cada cinco días durante 16 años. Los autores señalan que el modelo de seguridad implementado por el Estado mexicano ha puesto a la ciudadanía más desprotegida.
