En medio del debate nacional sobre la reforma al Poder Judicial propuesta por el Ejecutivo federal, el ministro de la Suprema Corte, Javier Laynez Potisek, ha emitido una advertencia contundente: el riesgo de un retorno al poder concentrado en los poderes Ejecutivo y Legislativo si se eliminan las figuras de control constitucional en el Poder Judicial.
Durante su participación en los foros dedicados a discutir estas reformas, Laynez Potisek defendió fervientemente la importancia de mantener los mecanismos que permiten a la Suprema Corte y a otros tribunales ejercer el control de constitucionalidad. Argumentó que la eliminación de estos mecanismos podría socavar los avances hacia una verdadera división de poderes, poniendo en riesgo los derechos humanos y afectando negativamente la democracia en el país.
«El juicio de amparo y las controversias constitucionales son herramientas cruciales para mantener el equilibrio entre los poderes del Estado», enfatizó Laynez Potisek. «Cualquier intento de restringir estas facultades podría implicar un retroceso significativo en el reconocimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos».
El ministro también abordó las críticas sobre presunta corrupción dentro del Poder Judicial, refutando las generalizaciones que sugieren una problemática extendida. «Hablar de corrupción sin evidencia concreta y fiable no contribuye al fortalecimiento de nuestras instituciones», señaló.
En el contexto específico de la propuesta de prohibir la suspensión general de una ley mientras se resuelven juicios de amparo, Laynez Potisek instó a una reflexión profunda. Reconoció que esta medida podría tener implicaciones importantes para la efectividad del control constitucional, pero destacó la necesidad de equilibrarla con el respeto a los derechos individuales y colectivos.
«La Suprema Corte ha evolucionado para convertirse en un tribunal constitucional efectivo», agregó Laynez Potisek. «Este papel es fundamental para garantizar que las leyes sean compatibles con nuestra Carta Magna y que los derechos de todos los mexicanos sean protegidos de manera justa y equitativa».
El ministro concluyó su intervención reiterando la importancia de mantener un diálogo abierto y constructivo sobre las reformas propuestas, asegurando que cualquier cambio debe estar fundamentado en un análisis exhaustivo de sus implicaciones legales y constitucionales.
