Reforma de AMLO al Poder Judicial: Un Golpe a la División de Poderes
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha enviado al Congreso de la Unión una serie de reformas constitucionales que buscan, entre otras cosas, transformar al Poder Judicial de la Federación (PJF). Una de las iniciativas más polémicas dentro de este paquete de reformas es aquella que propone cambios significativos en la estructura y funcionamiento del PJF.
En esta propuesta, el presidente plantea la elección de ministros y magistrados por medio del voto popular, así como la reducción del número de integrantes del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a nueve. Además, se propone disminuir el tiempo para ocupar el cargo de 15 a 12 años.
Sin embargo, analistas y constitucionalistas coinciden en que esta iniciativa no busca mejorar el acceso a la justicia para los ciudadanos, sino más bien parece ser una venganza de López Obrador contra el Poder Judicial debido a la falta de subordinación que ha mostrado este órgano del Estado Mexicano.
José Perdomo Galicia, especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, señala que, si bien es poco probable que la reforma sea aprobada en el Congreso debido a la falta de mayoría calificada de Morena y sus aliados, el simple hecho de presentarla sienta un peligroso precedente. «La propuesta será utilizada por aquellos que sí comulgan con el presidente López Obrador para seguir fustigando al Poder Judicial y, eventualmente, minar la confianza en este poder», sostiene.
Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, va más allá al considerar que estas propuestas parecen ser «vendettas» personales del presidente contra el Poder Judicial. «El presidente parece querer controlar a los controladores, crear un consejo diferente de la Suprema Corte y reducir el número de ministros para tener una mayoría afín a quien lo ha nombrado», destaca.
Los expertos señalan que esta intervención de López Obrador en el Poder Judicial se debe a la falta de subordinación que ha mostrado este órgano. «Es un ataque directo basado en la falta de sumisión del Poder Judicial a los proyectos del Ejecutivo», afirma Perdomo Galicia.
Natalia Calero, directora del programa de Derecho en el Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe, advierte que la propuesta del presidente atenta contra la División de Poderes, pues implica una intervención del Ejecutivo en el Judicial. «La división de poderes requiere de balances y contrapesos, y esta reforma solo servirá para que los integrantes del Poder Judicial respondan a intereses particulares en lugar de velar por la justicia», destaca.
Los especialistas coinciden en que si bien el Poder Judicial es perfectible, hacer cambios con aires de revancha no contribuye en absoluto a mejorar el acceso a la justicia. «No se puede mejorar el sistema de justicia por decreto. Esta propuesta no remediará la gran deuda de justicia que tiene el país con las víctimas de delitos», sostiene Garza Onofre.
Además, advierten que atacar constantemente al Poder Judicial pone en riesgo su credibilidad, lo cual podría ser especialmente peligroso en caso de que una elección presidencial deba ser judicializada. «Si se judicializa una elección, los órganos electorales serán cruciales, pero si se ha minado la confianza en ellos, el panorama será muy preocupante», afirma Perdomo Galicia.
En resumen, la propuesta de reforma del presidente López Obrador al Poder Judicial es vista por los analistas como una medida más para intentar someter a este órgano del Estado.