Salomón Jara presenta iniciativa para impedir que deudores alimentarios ocupen cargos públicos en Oaxaca
Redacción Oaxaca Político / El Universal.- El gobernador Salomón Jara Cruz presentó ante el Pleno del Congreso Local un paquete de reformas a la Constitución Política Local y a diversas leyes estatales, con el objetivo de restringir el acceso a cargos públicos a personas que estén inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
La iniciativa llega dos semanas después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la prohibición para que los deudores alimentarios puedan postularse a cargos de elección popular en Yucatán, conocida como la Ley Sabina, impulsada en Oaxaca por la activista Diana Luz Vázquez Ruiz.
Fuentes expertas en el tema señalaron a EL UNIVERSAL que la propuesta del gobernador retoma partes de la iniciativa de Yucatán, de la Ley Sabina y de la 3de3 contra la violencia, presentada por Las Constituyentes Feministas; hasta el cierre de esta edición, las colectivas y activistas impulsoras de este proyecto a nivel estatal y nacional no se han pronunciado al respecto.
La propuesta prevé la reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y a siete leyes secundarias, para establecer como requisito para fungir como servidores públicos no ser deudores alimentarios morosos, salvo que acrediten estar al corriente del pago, cancelen esa deuda, o bien, tramiten el descuento correspondiente.
La iniciativa expone que esta limitante sea vinculante para las y los servidores públicos pertenecientes a la Administración Pública Estatal, integrantes del Poder Judicial del Estado -jueces, secretarios y magistrados-, así como las personas titulares e integrantes de los órganos constitucionalmente autónomos.
Entre estos órganos autónomos estatales, destaca la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca; el Tribunal de Justicia Administrativa; el Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno, así como la Fiscalía General del Estado -incluyendo a ministerios públicos, policías investigadores, facilitadores, etc.
Asimismo, se contempla que este requisito sea exigible para las personas que deseen postularse como diputados o diputadas locales. También, para que sea extensiva a las personas integrantes de los ayuntamientos en los 570 municipios del estado.
Se prevé que la presente modificación, sea vinculante únicamente a partir de las oficinas y todos los niveles burocráticos superiores.
“Es así como la administración pública estatal busca que las personas integrantes del servicio público pongan el ejemplo a toda la sociedad y, a través de este, el derecho a los alimentos sea extensiva a todas las comunidades de la entidad, y se convierta en un principio socialmente arraigado”, señaló el gobierno del estado en un comunicado.
GPP
