Redacción MX Político.- La creación reciente de un fideicomiso turístico bajo la administración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aprobada por la bancada de Morena y sus aliados, ha puesto de manifiesto un intrigante entramado financiero que va más allá de esta nueva iniciativa.
La Sedena, encabezada por Luis Cresencio Sandoval, se revela como receptora de fondos a través de diversos mecanismos, según la información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia.
- Fideicomiso a favor de los hijos del personal adscrito al Estado Mayor Presidencial: La institución no ha reportado el monto acumulado hasta la fecha, dejando interrogantes sobre la magnitud de los recursos destinados a este fin.
- Fideicomiso de apoyo a deudos de militares fallecidos o con inutilidad en actos de alto riesgo: Hasta abril de 2023, este fideicomiso cuenta con un acumulado de 19 millones 919 mil 978 pesos, destinado a brindar apoyo a familias afectadas por situaciones de riesgo.
- Fideicomiso público de administración y pago de equipo militar: Este fideicomiso se destaca con un impresionante acumulado de 143 mil 961 millones 140 mil 686.56 pesos. Un recurso considerable que pone de manifiesto el peso financiero que la Sedena maneja en el ámbito militar.
Además, la Sedena comparte otros fideicomisos con distintas dependencias del gobierno federal, como el Corredor del Istmo de Tehuantepec, el Aeropuerto Internacional «Felipe Ángeles» (AIFA), y el programa «Sembrando Vida». Un complejo tejido financiero que se extiende más allá de sus funciones militares.
Uno de los fideicomisos destacados es el Fideicomiso Aduanero, que reportó tener 6,139 millones de pesos en los primeros tres meses del 2023, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha señalado inconsistencias en diversos fideicomisos, y la más reciente reforma para la operación del Tren Maya ha puesto de manifiesto la aprobación de recursos para la Sedena a través de este mecanismo financiero.
La reforma establece un fideicomiso financiado por el pago de visas de visitantes turísticos, generando interrogantes sobre la transparencia en el manejo de fondos públicos.
Este entramado financiero, que se ha expandido en los últimos años, ha generado solicitudes de informes por parte de organizaciones civiles y senadores, destacando la necesidad de una mayor claridad en el uso de los recursos y señalando posibles desviaciones de fondos para fines distintos a los establecidos.
