El Ágora
Tras la borrachera triunfalista de la 4T
llega la cruda realidad: la amenaza de un
continuismo revanchista que impedirá a
la nueva mandataria el ejercicio pleno del
poder. Por ello, si la ex jefa de Gobierno
quiere realmente gobernar debe liberarse
de la herencia autoritaria de un régimen
de odio que abandonó las políticas
públicas para imponer un populista
proyecto político.
Quien deberá conducir los destinos
nacionales tendrá que sacudirse la
influencia y presión del tabasqueño y no
creer que cumplirá su promesa de
refugiarse en su rancho al término del
sexenio. La nueva titular del Ejecutivo
podría optar por asegurarle un exilio
dorado como en su momento lo hicieron
Lázaro Cárdenas con Plutarco Elías
Calles, Luis Echeverría con Gustavo
Díaz Ordaz, José López Portillo con el
propio Echeverría, Ernesto Zedillo con
Carlos Salinas de Gortari. Claudia
Sheinbaum se debe legitimar y
demostrar que goza de autonomía, que
asume su investidura plenamente pero
que respeta el Estado de Derecho.
Así que su primera medida debe ser
convocar a la renovación del pacto social
que refrende la voluntad popular de
preservar ese contrato social para
convivir de manera armónica y pacífica
con respeto al marco legal. Eso implica
que el Estado retome su función
primigenia de garantizar el respeto a la
vida y el patrimonio de los ciudadanos.
También es necesaria la existencia de
instancias autónomas e independientes
que sancionen los abusos de poder y
garanticen los mecanismos legales para
que la sociedad se defienda de los actos
arbitrarios de la autoridad. Tendrá que
ser -a diferencia del autoritarismo de
AMLO que destruyó los contrapesos
constitucionales y alentó la opacidad en
el quehacer público-, respetuosa del
Estado de Derecho y devolverle la
dignidad al Poder Legislativo y permitir la
actuación libre y soberana de ministros,
magistrados y jueces.
Si realmente quiere ejercer un liderazgo
democrático -ya que presume su origen
de luchadora estudiantil y social-, debiera
desmarcarse de la ofensiva que hay para
desintegrar el Poder Judicial. En pocas
naciones del mundo existe el voto
popular para elegir a los impartidores de
justicia y no necesariamente la gente
escoge a los más preparados para
ejercer la función de restituirle a los
ciudadanos sus derechos y defenderlos
de los abusos de autoridad. Hoy para ser
juez se requiere de una gran preparación
académica y conocimiento profundo de
la Constitución y las leyes que de ella
emanan. No más ministras Batres.
El gran problema de los políticos
mexicanos es que lejos de combatir las
imperfecciones o vicios de la
administración pública, acaban con las
instituciones, pero no castigan ni
erradican los delitos o excesos de los
servidores públicos. Cuando se creó el
Servicio Secreto para combatir a la
delincuencia, muchos de sus integrantes
actuaron como un poder
supraconstitucional, sometieron a los
criminales de manera ilícita, atentaron
contra las libertades ciudadanas y
administraron el delito. Cuando el clamor
popular exigió se controlaran los excesos
de ese cuerpo policial, lejos de detener y
sancionar a los malos elementos se optó
por desaparecer al Servicio Secreto. Si
existe corrupción de algunos jueces, que
se penalice a esos malos impartidores,
pero que no se crea que con
desaparecer a la Corte se resuelve el
conflicto. Por el contrario, el sufragio
popular abre las puertas para que el
crimen organizado controle al Poder
Judicial y se solapen sus actividades al
aparo de la misma ley. Es fundamental
en una democracia que se respete el
Estado de Derecho. En la práctica, la
elección de presidentes, legisladores y
alcaldes no nos ha librado de gente
corrupta.
Por eso la presidente entrante debe
convocar a un nuevo pacto social que
logre la unidad nacional, reunifique a la
sociedad y deseche la polarización y el
odio como forma de gobierno. Es
importante que los sectores sociales
dejen de verse como antagónicos y
olvidarse de la visión maniquea de la
historia, no se trata de una lucha de
clases de buenos contra malos. Para
reactivar la economía es necesario
llamar a empresarios y trabajadores a
caminar juntos, aumentar la
productividad y el crecimiento. El
gobierno necesita garantizar la certeza
jurídica y combatir corrupción e
inseguridad. Esperemos que la nueva
mandataria tenga el valor de convocar a
ese nuevo pacto social.
