En opinión de Lilia Arellano  
 “Supremacía constitucional” : término hitleriano  

Estado de los ESTADOS

“Es el espíritu y no la forma de la ley lo que mantiene viva la justicia”: Earl Warren

• “Supremacía constitucional” : término hitleriano
• Campaña de represión, amedrentamiento y amenazas Vs. PJ
• En jaque presupuestos de Ingresos y Egresos ante elecciones
• Reforma judicial no resolverá rezago histórico: I. Morales L.

Ciudad de México,28 de octubre de 2024.- La utilización del calificativo “Supremacía Constitucional”, ha llevado a la mente la era hitleriana, con todo el significado que ésto tiene ante un innegable autoritarismo. Todavía se dan referencias sobre la marcha en reversa a la reforma judicial, sin embargo, el silencio y la inamovilidad de la SCJN impiden se tengan mayores esperanzas en este retroceso. Esta aprobación en proceso de análisis en la Cámara de Diputados podrá ser impugnable, aseguró el magistrado Juan José Olvera López, de ahí la represión, amedrentamiento, retención y amenazas contra trabajadores judiciales, sin respetar el derecho a la libre manifestación; de ahí también las prisas de los legisladores de Morena por apresurar la elección de ministros, magistrados y jueces, sin importar los costos políticos, materiales, humanos y financieros, pues ascenderá a 46 por ciento más que la elección federal de 2024, en la que se eligió a la Presidenta y al Congreso federal. Los casi 13 mil millones de pesos que costará la convertirá en la más cara de la historia de México.

Hechos muy concretos son el ejemplo de este enfermizo autoritarismo. Encapsular, como estrategia de seguridad, a dos juezas en plena manifestación de libertad de expresión ante su inconformidad por la reforma judicial en marcha, son acciones desgraciadamente no vistas en contra de la delincuencia, de la organizada de primer nivel o de los pandilleros. Norma Piña, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acusó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México de haber retenido y vulnerado los derechos de trabajadores del Poder Judicial durante una manifestación pacífica, e impedir a los manifestantes ejercieran su derecho a la libre expresión pública. El incidente ocurrió el domingo en las inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez, donde se celebraba el Gran Premio de México de Fórmula 1. Entre los manifestantes se encontraban juezas federales y otros empleados judiciales, quienes fueron encapsulados por policías capitalinos.

También la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) llamó a las autoridades federales a respetar el derecho de la libre manifestación y adelantó recurrirá a instancias internacionales para denunciar el uso de la fuerza para impedir la defensa de dichos derechos. Asimismo, la Asociación Mexicana de Juzgadores, Asociación Civil y Asociación Mexicana de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación condenaron la represión y el encapsulamiento.

Este lunes se presentaron acciones distintas dentro de la organización de trabajadores. En algunas entidades regresaron a los juzgados y al parecer está permeando el objetivo del oficialismo de dividirlos, como lo han hecho con los mexicanos. En la llamada contramañanera del Poder Judicial del viernes pasado, el magistrado Olvera López sostuvo existe la posibilidad de interponer amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a las modificaciones para evitar la impugnación de reformas constitucionales, aprobada ya por los senadores. En la quinta conferencia de los jueces, advirtió es muy temprano para presumir que tendrá éxito y eventualmente sobre la constitucionalidad o no de ese proceso. Destacó, en este caso, “sigue avanzando ese proceso, está todavía en la cancha de los legisladores, no es un proceso acabado, no es un asunto que haya llegado a la zona de los tribunales”. Añadió que “en el supuesto de que termine esa reforma en el camino que va, después todavía los ciudadanos podrían considerar que esa reforma es inconstitucional”.

De ahí las prisas de los grupos parlamentarios morenistas para evitar les echen abajo la reforma judicial, cuyo costo de ejecución estimado inicialmente será de casi 13 mil millones de pesos. Para la elección federal de este año, en la que se eligieron 679 cargos, el Instituto Nacional Electoral (INE) erogó 8 mil 802 millones de pesos. En tanto, en los comicios del 1 de junio de 2025 se someterán a votación 881 puestos, para lo que se prevé un incremento de 4 mil millones de pesos. Hasta este fin de semana, las diversas direcciones habían proyectado un gasto de 12 mil 839 millones 563 mil pesos para esa elección de juzgadores.

No obstante, al interior del INE persisten dudas del alcance de la sentencia del Tribunal Electoral sobre las suspensiones de la elección judicial ordenadas por jueces. Por esa razón, excluyendo el proceso judicial, los consejeros aprobaron una propuesta de presupuesto para el 2025 que asciende a 27 mil 270 millones 913 mil pesos, que incluye su gasto ordinario, una posible consulta popular y el financiamiento a los partidos políticos. Es difícil logren obtener la aprobación para estos gastos, los cuales deberán aparecer en el presupuesto de Egresos del año próximo. El papel aguanta todo y las cuentas se tornan cada vez más elevadas. Si a esto se le suma el aumento a la lista de beneficiados con las dádivas del oficialismo, no parece alcanzará con lo calculado en Ingresos y por lo tanto la deuda se multiplicará hasta alcanzar cerca del 60 por ciento del PIB, con las consecuencias por padecer.

Y no se trata de deseos, de simpatías sino de la frialdad de los números surgida tras descartar una reforma fiscal, carecer de margen para aumentar los ingresos tributarios y para hacer frente a los gastos rígidos del próximo año, pues dos terceras partes están etiquetados y no se pueden reducir, el gobierno de la presidentA Claudia Sheinbuam aumentará sustancialmente la deuda pública de México. La nueva administración federal enfrenta el agotamiento de los fondos de contingencia, la ampliación de programas sociales, los apoyos patrimoniales a Pemex, las pensiones, el servicio de la deuda y el poco margen de crecimiento de la recaudación tributaria. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) proyecta un aumento de 7.5% al gasto para 2025, con 10 billones de pesos, adelantó el fin de semana Alfonso Ramírez Cuellar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados e integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Así las cosas y hasta abarcar el renglón económico, la moneda sigue en el aire y ya veremos si cae de canto hacia un camino hitleriano en donde quedó demostrada la existencia de una supremacía, pero ciudadana, no dispuesta a mantener caudillos, dictadores o como quiera llamársela a los “enfermos de poder”.

DE LOS PASILLOS

La reforma que modificará la estructura actual de toda la judicatura no hará que el resto del sistema de justicia resuelva su rezago histórico, hoy agravado por 6 años de prodigar abrazos a los grupos criminales, sostuvo Ignacio Morales Lechuga, exprocurador General de la República, quien destacó: nada incentiva más a la delincuencia que saberse cobijada por un sistema que deja sin castigo 98% de los delitos cometidos. Al señalar que 2024 terminará con 30 millones de delitos, de los cuales 27.5 millones no serán investigados, cuestionó: ¿cómo atender la inseguridad, cuando el poder político se revela indiferente y omiso ante delitos tan graves y escandalosos de corrupción, como el caso de Segalmex, y de violencia, como el caso de Sinaloa? El exfuncionario también criticó que la reforma da manga ancha a la prisión preventiva oficiosa, extensiva a casi la totalidad de conductas delictivas.

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