Triquis chantajean al municipio; demandan espacios para venta
Redacción Oaxaca Político / El Imparcial de Oaxaca.- Uno de los cuatro grupos de desplazados triquis que el pasado 2 de diciembre fueron desalojados por el municipio y el estado del Palacio de Gobierno denunció que ambas autoridades han incumplido la sentencia de un nuevo amparo por el que un juez federal ordenó diversas medidas para la protección de 42 personas.
Entre ellas las referentes a alimentación, trabajo y hogar, que presuntamente corresponden al estado, según externaron ayer en una protesta en la ciudad de Oaxaca.
Este jueves, el grupo liderado por Sergia Cepeda se manifestó a las afueras del palacio municipal de Oaxaca de Juárez, donde exigió a la autoridad local el otorgamiento de espacios de venta en la vía pública, pues desde el desalojo carecen de oportunidades y espacios para laborar, aunado a la falta de hogar y alimentación.
Además de que acusó que ambas autoridades han actuado con favoritismo hacia otros grupos u organizaciones sociales.
Si nos quitaron de ahí, que quiten a todos. Hay gente en el Labastida y junto a Santo Domingo”, dijeron unas de las mujeres que conforman el grupo.
Es una injusticia y como gobierno deben cumplir el municipal, el estatal y el federal”, agregaron sobre su exigencia por el retorno seguro y del cumplimiento del amparo.
Las manifestantes también acusaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no debió retirarle las medidas cautelares, pues su problema a raíz del desplazamiento forzado no se ha resuelto desde 2010. Ante esto, recordaron que tan pronto ocurrió el desalojo del Palacio de Gobierno interpusieron el amparo en una “instancia federal”, y el cual ganaron en ese mismo mes.
Sergia Cepeda recordó que fue en septiembre del 2010 cuando comenzó el desplazamiento forzado y masivo de la zona triqui, de comunidades como San Juan Copala y que como su grupo hay otros indígenas que han tenido que asentarse en otras poblaciones, estados o incluso fuera del país.
Asimismo, criticó el actuar del gobierno estatal en los intentos del retorno seguro, ya que en cada ocasión en que han visto avances ocurren hechos violentos que impiden las condiciones del regreso.
GPP
