Los abogados defensores de Donald Trump dieron por finalizado su caso el martes, sin que el expresidente cumpliera su promesa de testificar, mientras el juez programaba las deliberaciones del jurado en el histórico juicio penal para la próxima semana.
El juicio no ha sido televisado debido a la ley de Nueva York, y los expertos están divididos sobre si las cinco semanas en el tribunal, más de 20 testigos y testimonios a menudo lascivos han dañado políticamente a Trump.
Pero el veredicto que se avecina representa un momento de peligro para Trump, menos de seis meses antes del día de las elecciones, cuando espera derrocar al presidente Joe Biden y regresar a la Casa Blanca.
«Creo que se presentó un gran caso… Debería ser desestimado incluso antes de que se tenga un veredicto», dijo el republicano fuera del tribunal el martes. «Es muy triste. Pero la buena noticia es que no han probado el caso. No hay delito».
El juez Juan Merchán dijo a los jurados que los alegatos finales se llevarían a cabo el próximo martes, cuando cada parte presentará su propuesta a los 12 neoyorquinos que decidirán el destino de Trump.
«Espero que comiencen sus deliberaciones en algún momento del miércoles», dijo Merchan.
Después de enviar al jurado a casa para un descanso de seis días durante un fin de semana festivo, el juez convocó a los equipos legales opuestos para discutir las instrucciones que se les dará a los jurados para llegar a un veredicto.
La decisión del jurado debe ser unánime para una condena o una absolución, o el caso se encamina a la anulación del juicio.
Los abogados de Trump han luchado duramente para socavar el testimonio contra el expresidente, acusado de encubrir ilegalmente dinero pagado a una estrella porno por un presunto encuentro que podría haber descarrilado su exitosa candidatura a la Casa Blanca en 2016 contra Hillary Clinton.
El abogado Robert Costello fue interrogado más a fondo el martes por los correos electrónicos que envió al testigo estrella de la fiscalía Michael Cohen después de que el FBI allanó a Cohen en 2018.
Costello, uno de los dos únicos testigos de la defensa, había discutido con Merchan el lunes, lo que llevó al juez a reprenderlo duramente.
«Tenemos un juez que es extremadamente, digamos complicado, pero también conflictivo», dijo Trump el martes.
Cohen, el ex abogado y mediador de Trump que finalmente se volvió contra su jefe, dio un testimonio maratónico y proporcionó pruebas de las que depende el caso de la fiscalía.
Contó cómo mantuvo a Trump informado sobre los 130.000 dólares pagados a la estrella porno Stormy Daniels para comprar su silencio sobre el presunto encuentro de dormitorio de 2006.
Los abogados de Trump se propusieron presentar a Cohen como un criminal convicto y mentiroso habitual, recordando su estancia en prisión por fraude fiscal y mentir al Congreso.
El abogado de Trump, Todd Blanche, también investigó la lealtad de Cohen hacia Trump y luego hacia la fiscalía, buscando mostrar al jurado que Cohen actúa en beneficio propio.
Blanche trató de incitar a Cohen, quien tiene fama de tener un mal carácter que podría haberlo perjudicado en el estrado, pero el testigo mantuvo en gran medida la compostura.
La historia de Cohen generalmente coincidía con la de Daniels y David Pecker, el jefe del tabloide que dijo que trabajó con Trump y Cohen para suprimir la cobertura negativa durante la candidatura del republicano a la Casa Blanca en 2016.
A lo largo del juicio, Trump se ha quejado de que su campaña electoral de 2024 se está viendo obstaculizada por los procedimientos judiciales que duran semanas, a los que tiene que asistir todos los días.
Un círculo cada vez mayor de destacados republicanos ha asistido al tribunal todos los días, de pie detrás de él mientras lanza sus habituales diatribas a los periodistas fuera de la sala del tribunal.
La lista incluye a varios legisladores en carrera para ser el candidato a vicepresidente de Trump, incluido el senador de Ohio JD Vance y el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum.
Sin embargo, a pesar de la intriga política y el drama judicial, los cargos dependen en última instancia de registros financieros secos y de si la falsificación de ellos se hizo con la intención de influir en la elección presidencial de 2016.
