Pedro Castillo, el ex presidente de Perú y López Obrador de México son dos golpistas dedicados a violar la Constitución.
Castillo fue destituido por el Congreso y enviado a prisión por fraguar un autogolpe de Estado, fue desconocido por el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas, su mismo partido votó para que se fuera y será juzgado por corrupción.
Las instituciones peruanas salieron a defender la democracia de su país y con ello dieron un gran ejemplo al mundo, especialmente a México donde el gobierno cocina un golpe electoral a través de una reforma inconstitucional.
El Plan B de la reforma electoral de López Obrador es el plan de un bandolero. Es la estrategia de un asalto al INE para quedarse con el botín y acomodar las leyes a conveniencia de un régimen autoritario que busca usurpar el poder.
Para ocultar sus verdaderos propósitos y quedar bien con su electorado se disfrazó de humanista. Puso por delante que presos, personas con discapacidad, migrantes y personas de la diversidad sexual tengan derecho a votar para ocultar lo esencial.
Detrás del señuelo hay una iniciativa destructiva cuyo objetivo fundamental es robarse los recursos del máximo órgano electoral y eliminar todas las leyes que hoy impiden a Morena tomar ventaja sobre adversarios.
Se trata sin duda de la iniciativa del oprobio y la venganza. Después de que la oposición rechazó la reforma electoral constitucional, el bandido se metió por la puerta de atrás para tratar de consumar el atraco.
El Plan B es la guía del autoritarismo y la delincuencia electoral. Contiene cuando menos veinte propuestas que violentan la Constitución. No resuelve conflictos políticos ni fortalece la democracia. Sólo está pensada para blindar las arbitrariedades del presidente.
El objetivo de la reforma es destruir la estructura administrativa y financiera del INE. Justifica la medida con el argumento de que el instituto está en manos de una “élite académica” cómplice de fraudes y abusos, cuando lo cierto es que la “austeridad republicana” es el velo que esconde el hurto institucionalizado para seguir comprando votos.
El Plan B es un plan de demolición del INE. Acaba con el servicio civil de carrera, elimina direcciones, desaparece fideicomisos, suprime áreas del tribunal, impide tener personal calificado y competente, debilita los órganos electorales de los estados, busca, en resumen, tener un órgano electoral en silla de ruedas que sea incapaz de impedir un fraude electoral en el 24.
En las propuestas de más impacto está presente el gandalla. El que busca quitar al INE facultades para que Morena y sus candidatos impresentables como Salgado Macedonio, Jaime Bonilla o Raúl Morón puedan ganar con ventaja las elecciones pasando por encima de la ley.
El Ejecutivo se descaró en la Ley de Comunicación Social. Las modificaciones en materia de propaganda son para blindar sus “mañaneras”. Están diseñadas para convertirse en jefe de campaña del candidato o candidata de Morena a la Presidencia de la República y no ser sancionado o llamado a cuentas.
Así que, de aprobarse en el Senado el Plan B, el señor López Obrador y los gobernadores de Morena podrán expresar libremente sus opiniones sobre partidos y candidatos. ¡Ah!, pero eso sí, queda prohibido que la oposición se atreva a criticar a su gobierno porque puede ser acusada de difamación.
En Perú el Congreso, el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas operaron para recuperar la institucionalidad del país. Algo así debería suceder en México. Existen las condiciones para que, desde el Senado de la República, se abra un frente que ponga un alto al bandolero y frustre su intento de desmantelar al INE.
La historia ha puesto al senador de Morena Ricardo Monreal en el centro de la vorágine. Los senadores no solo van a votar a favor o en contra de una reforma electoral. Van a decidir si quieren entregar a López Obrador más poder del que ya tiene para que –como Pedro Castillo– disuelva la democracia y se consolide como dictador.
