Redacción Mx Político.- La Fiscalía General del estado de Yucatán presentó pruebas que llevaron a la vinculación a proceso de M.A.E.R. y M.E.R.P. por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar en su modalidad de insolvencia.
El Juez de Control del Primer Distrito, en la ciudad de Mérida, ratificó las medidas cautelares impuestas durante la audiencia previa y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación en el caso.
La diligencia judicial, que tuvo lugar en el Juzgado Segundo de Control, estuvo a cargo de los Fiscales de Litigación, quienes expusieron los datos contenidos en la causa penal 189/2023. Tras el análisis de la evidencia presentada, el Juez determinó procedente la vinculación a proceso de los acusados por el mencionado delito.
Según la carpeta de investigación, M.A.E.R. y la afectada tuvieron un hijo en común, y en octubre de 2018 se aprobó un convenio ante el Juzgado Familiar en el cual se acordó un pago semanal de 3 mil pesos para la manutención del menor, estableciendo un aumento acorde al salario mínimo.
Sin embargo, desde enero de 2022, el acusado dejó de realizar los depósitos acordados para el bienestar del niño y solo ha efectuado pagos parciales, lo que llevó a declararlo en estado de insolvencia. Además, se denunció que el acusado donó sus propiedades a favor de M.E.R.P., lo que acrecentó las acusaciones en su contra.
Tras el dictamen de vinculación a proceso, la autoridad judicial ratificó las medidas cautelares impuestas en la audiencia previa. Estas medidas incluyen la obligación de los acusados de presentarse periódicamente ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares y la prohibición de abandonar el Estado sin autorización judicial durante el tiempo que dure el proceso.
Este caso pone de manifiesto la importancia de cumplir con las obligaciones de asistencia familiar para garantizar el bienestar de los menores involucrados. La Fiscalía continuará con la investigación para esclarecer los hechos y llevar el caso ante la justicia en busca de una resolución adecuada y justa para todas las partes afectadas.
