Durante los seis años de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, México ha sido testigo de una escalada alarmante en la violencia contra periodistas y un aumento significativo en las desapariciones, según reveló ARTICLE 19, una organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión.
Desde diciembre de 2018 hasta la fecha, se han documentado un total alarmante de 3,408 agresiones contra periodistas en todo el país, lo que equivale a aproximadamente una agresión cada 14 horas. Esta cifra incluye el asesinato de 46 periodistas y la desaparición de cuatro más, un sombrío recordatorio del peligro constante que enfrentan quienes ejercen el periodismo en México.
ARTICLE 19 destacó que incluso en las conferencias matutinas conocidas como las ‘mañaneras’, se registraron 179 agresiones directas contra periodistas, evidenciando un clima hostil hacia la prensa crítica y el ejercicio libre de la información. Autoridades municipales y estatales de 20 entidades del país han contribuido a este clima, repitiendo discursos estigmatizantes que califican a los periodistas como «hampa del periodismo», «prensa fifí», entre otros términos despectivos.
La organización también señaló que, a nivel nacional, los estados más afectados por la violencia hacia los medios fueron la Ciudad de México con 582 agresiones, seguida de Guerrero (247), Puebla (241), Quintana Roo (236) y Veracruz (199). Esta distribución geográfica refleja un patrón preocupante de hostilidad y falta de seguridad para los periodistas en diversas regiones del país.
Además de la violencia directa, ARTICLE 19 resaltó la estrategia del gobierno federal para influir en las líneas editoriales a través del gasto en publicidad oficial. Durante el sexenio de López Obrador, 916 medios de comunicación recibieron recursos publicitarios, concentrando los primeros 10 medios el 47.08% del total de los recursos, lo que plantea interrogantes sobre la independencia editorial y la libertad de expresión en México.
Por otro lado, la crisis de desapariciones ha alcanzado niveles alarmantes bajo esta administración. Desde diciembre de 2018 hasta agosto de 2023, se reportaron 44,073 personas desaparecidas, lo que representa más del 40% del total de desapariciones registradas desde 1965. Esto equivale a un promedio de 25 desapariciones diarias y una cada hora, subrayando la urgencia de la situación y la insuficiencia de la respuesta gubernamental.
A pesar de la promulgación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada en 2018, y los llamados de diversos colectivos para mejorar la colaboración interinstitucional en la búsqueda de personas desaparecidas, ARTICLE 19 señaló la falta de avances significativos. El reciente Censo Nacional de Personas Desaparecidas, realizado por la Secretaría de Gobernación, reveló serias deficiencias en la recopilación y gestión de datos, con más del 90% de los casos catalogados de manera ambigua o sin información suficiente para la búsqueda efectiva.
