Redacción MXPolítico.- Al margen de la contradicción de si fue un enfrentamiento fortuito provocado por los criminales o un operativo planeado a partir de seis meses de seguimiento, el costo para atrapar a Ovidio Guzmán López, fue alto: al menos 11 miembros de las fuerzas de seguridad muertos, entre ellos un coronel y 35 militares heridos. A cambio 19 sicarios fueron abatidos y 21 detenidos. De ese bando no se mencionaron lesionados.
Las imágenes muestran escenas de un enfrentamiento como no se había visto en aire y tierra, de guerra sin lugar a dudas y con ello, más allá de la captura de uno de los delincuentes más buscados y por el que se ofrecían cinco millones de dólares en EU, se dio fin a más de cuatro años de una estrategia de seguridad fallida denominada “abrazos, no balazos”, con la cual, el ganso pretendió sacar mediante limosnas a los criminales de su actividad, ignorando que esos sujetos muchas veces o están en la banda, los matan o huyen si pueden.
Victoria pírrica, pero victoria al fin el hecho de que la autoridad cumple con la responsabilidad constitucional que ordena al jefe del Ejecutivo cumplir y hacer cumplir la ley, no simular que lo hace y dejar, como se dejó a lo largo de cuatro años, a la deriva la seguridad de los mexicanos y el fortalecimiento de grupos criminales a grado tal de desafiar a las Fuerzas Armadas de México, someterlas, ofenderlas y desarmarlas.
Bandas criminales que, en ese lapso, mostraron su nivel de fuerza y se enfrentaron a la autoridad sin ningún recato haciéndolos correr o desalojar comunidades y grabarlos en su huida. Esta vez se pagó con valiosas vidas de militares la captura de un sujeto que hace tres años fue detenido y liberado por órdenes presidenciales.
No obstante, el mesías tropical se atreve a poner en el mismo nivel a los militares y policía con los delincuentes fallecidos durante el operativo lamentando la “muerte de seres humanos”. Sólo le faltó insistir en el respeto que exige para esos entes que, desposeídos de toda humanidad, son capaces de asesinar sin miramientos, con todas las agravantes a otros congéneres, o someterlos, secuestrarlos, envenenarlos, venderlos o desaparecerlos.
Y mientras, en un disfraz que a nadie queda, una demanda por el freno a la venta de armas indiscriminada del otro lado de la frontera, donde al menos se aplican decomisos de cuentas al crimen organizado, golpeando su brazo financiero y al mismo tiempo, pagan con 100 mil vidas al año a los envenenados por las metanfetaminas y el fentanilo que les llegan desde México.
Pero sobre todo y aquí hago mío el reclamo del coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal en el sentido de que ninguna banda delincuencial se debe situar por encima del Estado Mexicano, como lastimosamente lo permitió el profeta de la 4T.
Una exigencia que en México es clamor y de la cual hizo eco el propio gobierno de Estados Unidos, país que acompañó con recursos tecnológicos y de inteligencia a las autoridades mexicanas, aunque estas lo nieguen porque a ellos mismos conviene disminuir el envío de drogas “naturales” y sintéticas hacia aquella nación, considerada como la de mayor demanda en el mundo.
Es una colaboración que va más allá de protocolos y pedimentos, es una necesidad de ambos países que comparten tres mil kilómetros de una porosa frontera y a través de la cual se trafican drogas, personas, armas, contrabandos de todo tipo.
Sí, es una buena noticia con el trasfondo que tenga la captura de “Don Ovidio Guzmán” pues marca el fin de una etapa fallida de un gobierno que se aferró a “comprar” con dinero presupuestal a personas que llegan a los niveles más bajos a cambio de una vida fácil y de lujos a la cual muchas veces son obligados bajo pena de muerte.
La mala nueva es la pérdida de elementos comprometidos con la justicia y que, para recuperar territorio, dignidad y respeto, habrán de caer más sobre todo en los estados del Pacífico donde la criminalidad ensombrece a poblaciones tan pequeñas como la de Colima que con menos de un millón de habitantes, registró en 2022 más de 870 asesinatos. En la actual administración ya son más de 143 mil 500 víctimas.
Ni hablar de los poblados, municipios y ciudades cuya ocupación criminal se consolidó en estos años, donde tienen sometidos a autoridades y habitantes. En 2022 se registró un incremento del 18.2 por ciento en la extorsión que se aplica a productores, comerciantes, cadenas de distribución de gas, comida, gasolina, servicios y hasta por pasar de un lado a otro. No se diga el contrabando y su venta junto con lo robado. Son miles de millones de pesos.
Por lo pronto estaremos a la defensiva, los criminales no se van a dejar despojar por las buenas de todo lo que acumularon en cuatro años de cómplice pasividad de la autoridad federal: ya mostraron tener capacidad de fuego, logística y estrategia. Tienen dinero, posiciones políticas propias y muchas más compradas con plata o plomo.
Esperemos que no, pero la lógica indica que vendrán días muy difíciles para todos más allá de la economía y el sistema de salud danés.
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