Poder Judicial de México: Un obstáculo recurrente para las Reformas de la 4T
Durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el Poder Judicial de la Federación se ha convertido en un actor crucial que ha bloqueado sistemáticamente diversas reformas impulsadas por la administración actual.
Desde la invalidación de reformas clave hasta la suspensión de políticas significativas, la Suprema Corte y otros tribunales han jugado un papel determinante en frenar las iniciativas de la Cuarta Transformación (4T). Esta situación ha generado una serie de desafíos y conflictos entre los diferentes poderes del Estado.
La batalla contra los planes de Reforma Electoral
Uno de los episodios más destacados en esta confrontación fue el rechazo del Plan A, una reforma electoral propuesta por López Obrador.
Este plan buscaba transformar profundamente el sistema electoral mexicano, proponiendo una reducción significativa del financiamiento a los partidos políticos, la reestructuración del Instituto Nacional Electoral (INE) y la eliminación de los diputados y senadores plurinominales.
Sin embargo, la Suprema Corte declaró inconstitucional varias de estas reformas clave, lo que llevó a la administración a intentar una segunda fase con el Plan B.
El Plan B, presentado como una serie de reformas secundarias, también enfrentó una dura resistencia judicial. Esta propuesta incluía la reducción del presupuesto del INE, modificaciones en su estructura interna, y una simplificación de los procesos electorales.
El 8 de mayo de 2023, la Corte nuevamente bloqueó la mayoría de las disposiciones del Plan B, lo que llevó al presidente a convocar al Plan C: obtener una mayoría calificada en el Congreso para reformar el Poder Judicial.
El choque con la Reforma Eléctrica y la Ley de la Industria
Otro frente de conflicto fue la Ley de la Industria Eléctrica, que López Obrador envió al Congreso con el objetivo de revertir los efectos de la reforma energética del gobierno anterior.
La reforma buscaba asegurar una mayor participación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el mercado eléctrico. No obstante, la Suprema Corte declaró inconstitucional esta iniciativa, beneficiando a las empresas extranjeras que se ampararon contra la ley. La decisión de la Corte reflejó un claro respaldo a las trasnacionales y un freno a la política energética nacional.
En un giro adicional, la Corte también bloqueó la propuesta de eliminar la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales. Esta reforma buscaba enfrentar la evasión fiscal y el lavado de dinero. La invalidación de estos cambios dejó intactas las prácticas que la administración intentaba combatir.
Reformas en Seguridad y Medio Ambiente: Otro Escenario de Bloqueos
La reforma para transferir el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue otro punto de fricción. El presidente López Obrador había propuesto esta medida para aprovechar la experiencia militar en la lucha contra el crimen organizado.
Sin embargo, la Suprema Corte declaró inconstitucional esta reforma, limitando la capacidad de la administración para implementar sus estrategias de seguridad.
Asimismo, el decreto presidencial que prohibía el uso de glifosato en la agricultura, por sus potenciales efectos negativos en la salud y el medio ambiente, también fue suspendido por un juez. Esta decisión, argumentando impactos económicos y falta de procedimientos adecuados, reflejó un respaldo a la industria agrícola sobre las preocupaciones ambientales.
Los Libros de Texto Gratuitos: Un Conflicto Educativo
Finalmente, la reforma en los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) enfrentó una serie de desafíos judiciales.
La administración buscaba actualizar el contenido educativo con un enfoque más inclusivo y crítico. Sin embargo, la Suprema Corte emitió suspensiones que detuvieron la distribución de los nuevos libros en varios estados, lo que generó un estancamiento en la reforma educativa.
Con información de Contralínea
