Redacción Oaxaca Político / NVI Noticias.- El titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Bernardo Rodríguez Alamilla aseguró que el gobierno necesita establecer una nueva relación con sus gobernados, sustentada en las libertades y garantías de las que gozan todas las personas.
“Es de gran importancia transitar del discurso políticamente correcto de los derechos humanos, a hechos que impacten en la realidad de las personas”, aseveró.
Expuso que resulta importante establecer una nueva relación para desmitificar el poder público y así lo haga accesible y cercano a las personas, porque solamente así el ciudadano de pie podrá sentirse escuchado y atendido en sus problemáticas diarias.
“La desmitificación del poder público es quizás uno de los mayores retos a los que se enfrenta la construcción de una sociedad democrática y respetuosa de los derechos humanos, ya que la distancia entre los funcionarios con la sociedad, lo único que logró fue establecer una distancia, que ahora más que nunca es urgente recomponer”, afirmó.
Por eso, expuso que es imprescindible recordar lo sucedido en los últimos años en nuestra entidad, para no reproducir los errores del ayer, pues es el único remedio efectivo contra su repetición.
Subrayó que la reciente administración estatal marca no solamente un punto de no retorno respecto a una manera distinta de ejercer el poder público, sino también, un momento de inflexión respecto al destino de Oaxaca y de asumir un compromiso real y efectivo para la garantía y ejercicio de los derechos humanos.
Observó que los grupos de atención prioritaria, entre mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas pertenecientes a pueblos originarios y afromexicanos, personas con discapacidad, personas migrantes, personas de la comunidad LGBTTTIQ+, han padecido de manera mucho más fuerte los estragos de un sistema porque las ha mantenido marginadas y olvidadas.
De esta manera, llamó a autoridades, servidores públicos, organizaciones civiles, sociales, sindicatos, comunidades y en general a todas las habitantes del estado, a edificar un nuevo pacto social que permita reconstruir el tejido comunitario a partir de un ejercicio responsable y no arbitrario del poder, donde el centro de la toma de decisiones sea nuevamente la persona y sus derechos.
GPP
