Japón toma medidas enérgicas contra los taxis ilegales mientras el auge del turismo impulsa la demanda

Las autoridades japonesas están intensificando la vigilancia de los taxis sin licencia en el aeropuerto de Narita, ya que un aumento en el número de llegadas aumenta la demanda de transporte hacia la capital.

Los funcionarios del Ministerio de Transporte repartieron cientos de folletos que decían «¡Cuidado! ¡Los taxis sin licencia son ilegales e inseguros!» en inglés y chino a los visitantes internacionales que llegan a principios de noviembre al aeropuerto de la prefectura de Chiba.

Los volantes instan a la gente a comprobar el color de las matrículas de los vehículos, ya que los taxis autorizados tienen matrículas verdes o matrículas con marcos verdes. Los taxis sin licencia tienen las placas blancas de los vehículos privados.

También advierte que es posible que los pasajeros no estén cubiertos por el seguro si se lesionan mientras viajan en un taxi no autorizado.

«Para garantizar un viaje seguro, queremos que los viajeros utilicen taxis (autorizados) y vehículos alquilados que estén bien gestionados», dijo Mitsuteru Yanase, jefe de la sucursal de Chiba del Ministerio de Transporte.

A diferencia del extranjero, donde los operadores de transporte compartido, incluidos Uber Technologies Inc y Grab Holdings Inc, son ampliamente utilizados, Japón en principio prohíbe los servicios que permiten a los conductores de vehículos privados servir como taxis no oficiales.

Uber y otras aplicaciones están disponibles en Japón, pero sólo pueden usarse para llamar a taxis con licencia.

Sin embargo, en el contexto de una grave escasez de taxistas en las zonas rurales y en los lugares turísticos, recientemente crecieron los llamamientos para abrir el mercado dentro del gobernante Partido Liberal Democrático, incluido el del ex primer ministro Yoshihide Suga.

El Primer Ministro Fumio Kishida también expresó en octubre su voluntad de abordar el problema y prometió discutir la posibilidad de permitir el funcionamiento de los servicios de transporte compartido.

Pero el Ministerio de Transporte se muestra cauteloso y la industria del taxi sigue oponiéndose a introducir servicios competitivos, citando preocupaciones de seguridad relacionadas con la ausencia de normas sobre quién sería responsable del mantenimiento de los vehículos y de comprobar la salud de los conductores.

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